Un centenar de vecinos del pueblo marinero de Corralejo, ubicado en el municipio de La Oliva (Fuerteventura) denunciará el próximo viernes en la Fiscalía Anticorrupción de La Palmas una presunta “trama urbanística empresarial” orquestada para adueñarse de sus propiedades con intereses supuestamente “especulativos” y a través de “sociedades fantasmas”.
Así lo manifestaron este martes fuentes del Comité de Afectados, que denunciaron el “acoso” al que son sometidos desde hace años por empresarios que intentan apoderarse de muchas viviendas del casco viejo de Corralejo -inmuebles atractivos por su situación en el núcleo antiguo, algunos de ellos en la avenida marítima-, de familias de pescadores y que datan de más de cien años de antigüedad, que no estaban inscritas en el registro.
“Estamos hartos de vivir con miedo de quedarnos un día en la calle a pesar de tener sentencias favorables que nos dan la razón y que acreditan que las casas son nuestras. Están jugando con el legado de nuestros antepasados”, afirmó un vecino, que manifestó que el pasado viernes se produjo una reunión en la que participaron 169 vecinos para ultimar los detalles de la denuncia y anunció que el próximo viernes fletarán un avión para presentarla ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas.
No en vano, señalaron que suman al menos 57 las sentencias favorables a los vecinos dictadas por los tribunales, de las que el Juzgado de Puerto del Rosario ha dictado 30; la Audiencia Provincial de Las Palmas, 18; y el Tribunal Supremo, nueve.
El Comité de Afectados manifestó que “ya está bien que, a pesar de los resultados positivos obtenidos por los vecinos en los órganos judiciales, José Manuel Jiménez del Valle, administrador único de las entidades mercantiles Delval Internacional y Sincronía 99 continúe especulando con las casas de los vecinos del Pueblo, burlándose de la Justicia, como si del juego del Monopoly se tratara”.
“A pesar de tener conocimiento las citadas entidades que no van a ganar nada en el casco viejo de Corralejo, siguen recurriendo hasta la última instancia con el único propósito de dilatar la derrota en el tiempo y hacer gastar dinero a los viejitos del pueblo”, agregaron los afectados.
Presunto delito de estafa continuada
La denuncia vecinal que se presenta -elaborada por el abogado Sebastián Socorro del despacho de Abogados Socorro Ley & Asociados- contiene 185 documentos anexos (mercantiles, registrales y sentencias) y viene derivada de la última sentencia recibida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, donde la ponente, la magistrada María Elena Corral Losada, remite a la Fiscalía Anticorrupción todas las sentencias falladas en la propia Audiencia relacionadas con la problemática del casco viejo de Corralejo al ver indicio de un presunto delito de estafa continuado por las ventas realizadas por las empresas Delval Internacional y Sincronía 99 sobre las casas de Corralejo.
Por ello, el pueblo de Corralejo detalla ante la Fiscalía todas aquellas ventas realizadas por las citadas mercantiles, con el propósito de facilitar el trabajo de investigación a los fiscales y a su vez, “demostrar el montaje ejecutado sobre las casas afectadas, llegando a poner en duda si ha existido o no, corriente financiera real sobre las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo”.
“Falseando la legalidad vigente”
Añadieron que el objetivo es “defender el derecho de los legítimos propietarios de un centenar de las viviendas del casco histórico de Corralejo ante las acciones de empresas y particulares interesados con especular y obtener beneficios económicos con estas propiedades falseando y forzando la legalidad vigente”.
Un vecino recordó que las viviendas afectadas no fueron registradas entre otros motivos porque el registro de la propiedad se encontraba en Lanzarote y los medios para desplazarse eran muy escasos, y también porque la mayoría de los lugareños eran pescadores y dedicaban todo su tiempo a su trabajo en la mar para poder mantener a sus familias.
El acuerdo verbal en el pasado
“Antes cuando se vendía, la escritura del dueño era la palabra, era estrecharse la mano con el vendedor y, por tanto, no hacía falta documento alguno para demostrar la propiedad”, agregó uno de los perjudicados.
Recordó que en 1961 fue vendida a la mercantil Plalafusa SA una parcela de terreno denominada Casco Viejo de Corralejo y sus aledaños, en la que quedaba al margen el asentamiento vecinal.
No obstante, 40 años después de aquella operación, el 22 de mayo de 2001, la empresa Plalafusa vendió un resto de una finca a la entidad Delval Internacional, representada por José Manuel Jiménez del Valle, concretamente en la parcela citada como Casco Viejo de Corralejo y sus aledaños, desconociéndose sus propios linderos.
El 'modus operandi'
Adquirida la finca por dicha empresa, su administrador, que “sabía que las casas no estaban registradas”, comenzó a presentar escritos en el Ayuntamiento de La Oliva solicitando licencias de segregación de las citadas casas como si fueran suyas y como si no se tratase de parcelas edificadas.
Ello se inició a partir del 14 de julio del año 2001, según los vecinos, “con el claro propósito de obtener un enriquecimiento especulativo urbanístico ilícito, a sabiendas de que las mismas, como parte del asentamiento vecinal, no habían sido objeto de compraventa”.
Una vez obtenidas las licencias de segregación oportunas por silencio administrativo, Delval Internacional comenzó a registrar las segregaciones efectuadas y, posteriormente, a venderlas a terceros a sabiendas de que no eran de su propiedad.
Este modus operandi se repitió en un centenar de casos en los que los vecinos apuntan la “implicación directa” de varios abogados en el entramado urbanístico.
De hecho, los vecinos en su denuncia citan a estas tres compañías junto con las mercantiles Brit Party, Industrias Theron Dos, Gualtor, Running y Lugiamantine, entre otras, que carecen de actividad mercantil y las describen como “sociedades fantasmas creadas con el único propósito de dar la apariencia lícita a una operación fraudulenta”, operaciones de compraventa que se formalizaban supuestamente en Fuerteventura, Madrid, Salamanca y Girona.
Los vecinos indican que determinados empresarios que han adquirido propiedades en el casco viejo de Corralejo a finales de 2006 constituyeron en San José de Costa Rica una sociedad junto con José Manuel Jiménez del Valle denominada Inter Mediterranium SA.
Confianza en la Justicia
A este respecto, los residentes denuncian “el hecho de poner a nombre de una sociedad una casa o local propiedad de un vecino, no registrada en su momento, para crear artificiosamente la figura del tercero de buena fe registral”.
Aún hoy sus viviendas figuran registradas a nombre de las sociedades referidas, por lo que piden que “de una vez por todas la Justicia” les ayude a poner fin a su “agonía y devuelva la tranquilidad” a sus casas, que tienen sus “nombres y apellidos” y, sobre todo, su “memoria histórica”, subrayaron varios vecinos.