El promotor grancanario Jaime Cortezo registró en 1997 como finca el mar circundante del Islote del Francés, un terreno frente al Charco de San Ginés objeto de deseo urbanístico en Arrecife desde la etapa de alcaldesa de María Isabel Déniz (ex PIL, ahora en CC), en prisión provisional desde el pasado mes de abril a raíz de la puesta en marcha de la tercera fase del caso Unión, la operación Jable.
La propietaria de los terrenos, Inversiones El Islote del Francés SL, se valió hace más de doce años de un certificado emitido por Puertos de Las Palmas, en la etapa de Luis Hernández como presidente, para inscribir en el Registro de la Propiedad una superficie total de 82.176 metros cuadrados como cabida del terreno que el actual grupo de gobierno de Arrecife con Cándido Reguera (PP) al frente pretende convertir en “icono de la ciudad” mediante una actuación urbanística.
Hernández Pérez ha figurado como socio de Cortezo Massieu en diversas promociones, incluida Inversiones El Islote del Francés SL, y hasta diciembre de 2009 ambos formaban parte de la Sociedad de Suelo Gran Canaria SL, en la que el ex político moyense del CDS, CCN y CC ejercía como presidente y consejero delegado junto a su socio y tambíen promotor de las polémicas viviendas de Hoya Pozuelo (Telde), con orden de derribo por invasión del deslinde marítimo.
Según consta en el Registro de la Propiedad de Arrecife desde el 20 de noviembre de 1997, el Islote del Francés identificado con la numeración de finca registral 35016000148921, tiene una superficie de ocho hectáreas, 21 áreas, 76 centiáreas y 741 centímetros cuadrados (unos 82.176 metros cuadrados). La medida excede casi en 30.000 metros cuadrados la delimitación real de Costas, que sobrepasaría apenas los 54.000 metros cuadrados, sin restar la superficie de servidumbre.
En febrero de 2010, CANARIAS AHORA ya publicó un estudio alternativo a las mediciones y valores que Inversiones El Islote del Francés SL otorga a su propiedad, en el que la superficie útil a construir quedaría reducida a unos 9.000 metros cuadrados y el valor máximo de una hipotética expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Arrecife no sorepasaría los 10 millones de euros, a diferencia de los 300 millones de euros que reclama el propietario.
En marzo de este año, el nuevo concejal de Urbanismo de Arrecife, Pedro de Armas Sanginés (PNL), aupado al cargo a raíz de la moción de censura de PIL, PNL y PP contra el PSOE, confirmó que Cortezo Massieu había solicitado ya la expropiación forzosa al Ayuntamiento, una medida previa a sentar las bases de un nuevo convenio urbanístico entre la promotora y el Consistorio, si finalmente el grupo de gobierno decide no tener dinero para expropiar cuando realice su propia tasación.
Un convenio de 2006 con medidas dispares
Durante el mandato de María Isabel Déniz en el Ayuntamiento de Arrecife (2003-2007), el grupo de gobierno que pretendió aprobar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana objeto ahora de estudio por parte de la Guardia Civil en el marco del caso Unión, redactó también una propuesta de convenio urbanístico y transaccional entre el Ayuntamiento de Arrecife e Inversiones El Islote del Francés SL, que finalmente no se llevó a cabo ante la suspensión definitiva del PGOU en 2010 con el cambio de gobierno en 2007.
El actual grupo de gobierno de PP, PIL y PNL ha dejado clara su intención de rescatar y readaptar las líneas maestras de aquel PGOU archivado definitivamente por la COTMAC en febrero de este año, con actuaciones estrella como la pretendida en el Islote del Francés.
Aquel convenio recogía la controversia sobre la superficie del Francés. El documento de Adaptación Básica del PGOU al Texto Refundido de la Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTENC), aprobado por la COTMAC en 2003, califica los terrenos como Sistema General de Parque Urbano y los adscribe a suelo urbanizable no ordenado: sector 2 La Bufona, con 34.000 metros cuadrados y sector 7 Industrial Naos, de 44.450 metros cuadrados, 78.450 metros cuadrados en total.
Sin embargo, la medición del conjunto de las superficies adscritas a esos sectores que figuraba en el documento de la Revisión del fallido PGOU de 2007 para la actuación eran casi 20.000 metros cuadrados menos, en concreto, 56.535 metros cuadrados.