La Audiencia Nacional ha condenado a la Dirección General de Costas en Tenerife a indemnizar con 185.100 euros a la empresa Deo Volente Sur SL, propietaria de una parcela situada en El Rosario, y más concretamente en Tabaiba Baja, por el cambio de criterio del organismo estatal sobre el deslinde en este tramo de la costa.
Este hecho supuso que la compañía no pudiera edificar en una parcela con el consiguiente perjuicio económico que le supuso, pese a que Costas, el Gobierno canario y el Ayuntamiento habían informado favorablemente al proyecto. Los intentos de construir en este punto del litoral por parte de la compañía dio lugar en 2008 a una fuerte protesta vecinal ya que las obras impidieron el acceso de los usuarios a las playas.
Estos encontronazos fueron noticia en los medios de comunicación durante varias semanas y concluyeron con la paralización de las obras tras quedar afectadas por el nuevo deslinde. A partir de aquí la compañía optó por acudir a los tribunales al considerar que Costas cometió un “error reiterado”, lo que dio lugar a una serie de planes urbanísticos, licencias y proyectos de obras que, según decían, afectaron a los derechos consolidados de propiedad.
Todo ello derivó en una pérdida en el valor de la parcela, por lo que la compañía pedía ser indemnizada con 1,7 millones, una cifra que ha sido rebajada notablemente. La entidad adquirió en 2006 un solar de casi 1.800 metros cuadrados por algo más de medio millón de euros que no estaba afectado por el deslinde aprobado en 1969.
Incluso Costas llegó a informar favorablemente el proyecto para construir 14 viviendas en este enclave y en el mismo sentido se pronunció la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y el Ayuntamiento de El Rosario.
Denuncias por el acceso al litoral
Sin embargo, en 2008 comenzaron a sucederse las denuncias vecinales dado que las obras estaban impidiendo el acceso a las calas, por lo que la Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario solicitó la paralización de los trabajos. Durante varios meses fueron constantes los encontronazos entre los usuarios de la playa del Moro y las fuerzas de seguridad por los intentos de los primeros de acceder libremente a las calas.
Pese a que existieron acuerdos para que los trabajos se realizaran sólo en los meses de invierno, finalmente la promotora prefirió acelerarlos y los llevó a cabo en verano, cuando más bañistas acudían a este punto del litoral. Un año más tarde Costas cambió el deslinde de manera que la práctica totalidad de la parcela quedó integrada como dominio público y, por lo tanto, se prohibían los usos residenciales.
La empresa finalmente optó por acudir a los tribunales, mientras que Costas se defendió indicando que el deslinde había sido impugnado por la propia compañía y, por lo tanto, tachaba de “prematura” su pretensión. Sin embargo, finalmente en 2012 una sentencia le daría la razón al organismo estatal frente a la constructora.
Costas se defendió indicando que el responsable de conceder la licencia había sido el Gobierno canario, argumento que no prosperó ante los tribunales, aunque el fallo es recurrible ante el Supremo.