A partir del 1 de enero de 2023, Canarias ampliará sus competencias en la gestión de su litoral. Fue una de las prioridades que se marcó el Gobierno regional al principio de la legislatura para incrementar su autogobierno, como anunció el presidente Ángel Víctor Torres durante el discurso de investidura en el Parlamento: “Que este proyecto político para Canarias tenga la firme voluntad de exprimir hasta la última gota de sus competencias el marco del nuevo Estatuto de Autonomía, lo que nos permitirá fortalecer nuestro autogobierno y estableceremos una interlocución fluida, pero firme, en la defensa de la ciudadanía canaria, con el Estado y la Unión Europea”.
Para ello, un equipo técnico liderado por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, analizó la carta magna canaria, donde se asumen competencias aún no adquiridas, para establecer una metodología y hoja de ruta con el objetivo de negociar con el Estado el traspaso de doce áreas, que abarcan desde la gestión de los puertos y aeropuertos isleños a los paradores nacionales o poder otorgar permisos de trabajo a extranjeros no comunitarios. El Ejecutivo regional se inspiró en el modelo vasco para identificar las competencias que pueden ser gestionadas por la autonomía y fijar las líneas de trabajo.
La pandemia de coronavirus y el volcán de La Palma frenaron el inicio del “difícil proceso de negociación”, como reconoció el Gobierno canario. Comenzaron en febrero de este año con la Comisión Bilateral Canarias-Estado, que no se convocaba desde 2010 y que ha sido la primera desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 2018. Y en julio, Torres y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, cerraron, además del traspaso de competencias en Costas, que la tutela financiera de entidades locales isleñas y la defensa de la competencia pasaran al Ejecutivo regional.
La tutela financiera supone que “todo el control de las entidades locales, que hasta ahora desarrollaba el Ministerio de Hacienda, lo lleve la comunidad autónoma”, explica Antonio Olivera. El Ejecutivo ya la ejerce y controla la regla de gasto de cabildos o ayuntamientos. Por ejemplo, si las corporaciones locales e insulares quieren endeudarse, ya no tienen que pedir permiso al Gobierno central, sino al autonómico.
En cuanto a la defensa de la competencia, Olivera detalla que en aquellas actividades que inciden en la autonomía, la administración regional tiene capacidad “para vigilar, actuar e intervenir” en, por ejemplo, aquellas empresas que no sean respetuosas con la competencia. Y ya se están poniendo en marcha los servicios y mecanismos para ello.
El viceconsejero de Presidencia también añade que la Consejería de Administraciones Públicas está negociando el traspaso de competencias en Seguridad Privada, que corresponde al artículo 150 del Estatuto de Autonomía. Comprende la autorización de empresas que se dediquen a este servicio en el Archipiélago y de los centros formativos, además de la inspección y sanción de sus actividades o la coordinación de estos servicios con la policía autonómica y las locales.
“No sé si habrá tiempo de cerrar este ámbito en esta legislatura, pero se está haciendo todo lo posible. Hay una proactividad clara por dejarlo resuelto o, al menos, todo lo avanzado que se pueda”, añade Olivera, quien recuerda que la pandemia “rompió los planes para avanzar en el desarrollo estatutario”. Aun así, considera que “si se hace un balance de lo conseguido teniendo en cuenta las circunstancias de emergencia, es positivo”.
Por ejemplo, uno de los asuntos que estaba encima de la mesa antes de iniciar las negociaciones con el Estado era poder participar en la gestión de los cinco paradores nacionales que existen en las Islas. “Pero hemos hablado poco al respecto, porque la prioridad esta legislatura ha sido recuperar el cero turístico, que volviera a funcionar. Empezarán a verse cuestiones más cualitativas, como la apuesta por la calidad, ver cómo lo vamos perfilando. Pero se recuperará, seguro”, estima Olivera.
Y a inicios de noviembre, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, aseguró en el Parlamento de Canarias que mantiene ante el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la pretensión de participar en la planificación y gestión de los aeropuertos isleños a través de la empresa Aena. Si bien la composición de la entidad, un 51% pública y un 49% privada, dificulta ejercer esta competencia recogida en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía, tal y como señaló Franquis.
Al respecto, Olivera recuerda que el Estatuto indica que el Gobierno de Canarias “participará en la planificación y la programación y gestión de puertos y aeropuertos de interés general”. En este sentido, el viceconsejero de Presidencia considera que “hay que ponerse a mirar de qué forma y de qué modo” se puede desarrollar, como por ejemplo, el modelo de Puertos del Estado, creando un ente similar que podría denominarse Aeropuertos de Canarias donde esté integrado el Ejecutivo regional.
Otras competencias pendientes
En la hoja de ruta trazada para negociar con el Estado también destacan las competencias sobre los transportes terrestres y marítimos que, según el artículo 160 del Estatuto de Autonomía, le daría potestad tarifaria al Gobierno regional, entre otros aspectos que abarcan desde la regulación de los servicios y actividades a la gestión de los centros de transporte, logística y distribución.
En materia migratoria, el Estatuto recoge que al Gobierno de Canarias le corresponde la autorización de trabajo a los extranjeros, en colaboración con el Estado. Nueva Canarias ha demandado en reiteradas ocasiones que las Islas puedan también participar en las decisiones del Ejecutivo central en este asunto y desarrollar una política migratoria propia. El partido considera que de esta manera se conseguiría una mejor gestión de las llegadas a través de la ruta atlántica que no esté exclusivamente supeditada a las decisiones de Moncloa.
La potestad sobre Salvamento Marítimo es otro de los ámbitos que tendrá que ser negociado. El ente público empresarial dependiente del Ministerio de Fomento coordina un millón de kilómetros cuadrados de superficie marítima (dos terceras partes de toda la zona que vigila el Estado) y al Archipiélago, según el artículo 149 de su estatuto, le corresponde la competencia en esta materia.
Para encajar ese artículo en las negociaciones con el Estado, desde el Gobierno canario se contempla la posibilidad de crear un cuerpo específico en el Archipiélago, ya sea nuevo o encajado dentro de la policía autonómica, que se encargaría de desarrollar tareas similares. Esto supondría definir la normativa estatal y el traspaso de medios humanos y materiales.
Otros de los puntos a trabajar con el Estado tienen que ver con la condición de Canarias como región ultraperiférica, como la competencia en materia de gestión de las telecomunicaciones. La disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía demanda la elaboración de un plan específico que tenga en cuenta la singularidad de su espectro radioeléctrico, el acceso a los servicios y las obligaciones de servicio público que lo garanticen.
También, bajo la misma premisa de lejanía respecto al continente europeo, el artículo 127 del Estatuto aboga por la participación del Archipiélago en el comercio exterior con países de África y de América que tengan vinculaciones históricas con las islas. Para ello, sería necesario fomentar sociedades y consorcios que se dediquen a esta materia, el apoyo a la participación en ferias y viajes comerciales o contar con una oferta de asesoramiento o servicios a otros territorios en Canarias. Y, por último, el Estatuto también incluye la gestión del sistema penitenciario en su artículo 151.
Olvera resume que todas las competencias pendientes están recogidas en un documento que es la base a partir de la que cada departamento o consejería competente va tratando con su equivalente sectorial en el Estado. Y cuando las negociaciones están maduras, ya interviene el Ministerio de Política Territorial y, desde Canarias, Presidencia, que se encargan de cerrarlo. “Ese trabajo también está hecho, lo que pasa que el ritmo que le hemos podido dar ha sido menos intenso”, añade.
“Lo ideal es tener una legislatura que no esté ocupada por las emergencias, para poder trabajar en cuestiones de desarrollo estatutario”, justifica Olivera. Pero a pesar de ello, reivindica que también desde el Gobierno regional se ha conseguido avanzar en otros aspectos, como la Ley de Presidencia, la sectorización a la normativa más reciente y actual vinculada al estatuto, el desarrollo de la Renta de Ciudadanía o la Agenda Sostenible 2030.
“No hemos podido hacer todo lo que nos hubiera gustado por las circunstancias”, pero durante esta legislatura Olivera asegura que el Gobierno canario ha sido “una de las comunidades autónomas que más discusiones o debates ha tenido con el Estado, la segunda después de Catalunya”.