El juez Tomás Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ha solicitado del juzgado de guardia la apertura de diligencias contra el general de División jefe de la Guardia Civil en Canarias, Francisco Martínez, por un presunto delito contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia presumiblemente derivados de la carta que el verano pasado remitió a la jefa superior de Policía y a la delegada del Gobierno quejándose por el trato dispensado a la esposa de otro general en un incidente de tráfico.
El juez, además, ha acordado el archivo de la querella por detención ilegal formulada por la esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, Francisco Martín Alonso, contra el inspector jefe de la Policía Nacional Eduardo Belda que la detuvo en una carretera de Gran Canaria mientras conducía en dirección prohibida. El magistrado ha ofrecido al inspector acciones por si quisiera proceder por denuncia falsa contra la querellante.
De ser atendida la denuncia del juez Martín, el general jefe de la Guardia Civil tendrá que responder ante otro juzgado por el contenido de aquella carta enviada el 2 de julio de 2010 a la jefa superior de Policía, Concepción de Vega, y a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, en la que se quejaba de la detención efectuada por ese inspector, contra el que pedía medidas disciplinarias, al tiempo que criticaba la actuación de la justicia, que condenó a la acusada a cuatro meses de prisión y un año de suspensión del permiso de conducir por un delito contra la seguridad en el tráfico en una sentencia por conformidad.
El juez rechaza de plano la querella por detención ilegal formulada por Esther Vaquero Martín, esposa del general jefe de la Zona Militar de Canarias, y los argumentos de que sólo era competente en aquel incidente la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. “La Policía ha intervenido desde el año 2007 en 1.953 delitos contra la seguridad vial, ello con independencia de la vía en que ocurra este tipo de delitos, pues siendo la mayoría de las veces un delito en el que se interviene, ante la flagrancia del mismo cualquier agente de la autoridad debe intervenir”, expone Tomás Martín en su auto de archivo.
Pero, además, el magistrado aporta el escrito del Ministerio Fiscal en las diligencias urgentes abiertas en su juzgado contra Esther Vaquero para reforzar las tesis de que se estaba ante la comisión de un delito y no de una infracción administrativa, como pretendía en su querella por detención ilegal.
Al deducir testimonio contra el general jefe de la Guardia Civil, el juez aprecia un posible delito que habrá de investigar el juzgado de Las Palmas de Gran Canaria en el que recaiga la causa.