Los Verdes denunciaron este jueves ante la Comisión Europea presuntas acciones ilegales del Gobierno de Canarias, al que acusan de vulnerar la norma al aprobar diez proyectos que afectan a Áreas de Importancia para las Aves (IBA), según informó el Partido Verde Canario en un comunicado.
En él se relata que fue el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein quien, mediante una pregunta parlamentaria, denunció ante la Comisión Europea las intenciones del Gobierno canario, relata el texto.
Los Verdes recuerdan que ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el pasado 28 de junio a España por no haber clasificado en Canarias y otras seis comunidades autónomas el número suficiente de territorios como Zonas de Protección Especial para las Aves (ZEPA).
Hammerstein afirmó que, a pesar del dictamen que obligó a las comunidades autónomas, en mayo de 2001, a declarar suficientes territorios ZEPA, el Gobierno de Canarias ha seguido autorizando proyectos que afectan a la poblaciones de aves protegidas, en algunos casos negando la validez jurídica del IBA.
Este fue el caso que se dio con la aprobación de la planta de trituración y aglomerado asfáltico en el barranco del Mal Nombre en Jandía, Fuerteventura, señala la nota.
La mayoría de los proyectos denunciados por Los Verdes se ejecutaron en la isla de Fuerteventura, según indica el comunicado, cuatro de ellos en la Península de Jandía, dos en Cuchillete y Buenavista, para la elaboración de dos campos de golf, y otro en Jable de Corralejo.
También hay otros en Lanzarote, donde el partido hace referencia a dos explotaciones de arena que han sido autorizadas en Jable de Famara.
En total, de los diez proyectos aprobados, tres son destinados a infraestructuras públicas y el resto a actividades privadas, como la construcción de tres campos de golf o la instalación de desaladoras y depuradoras para urbanizaciones, así como varias áreas extractivas.
La Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias resolvió sobre todas estas actividades favorablemente, obviando las directrices europeas sobre protección de aves, asegura el Partido Verde Canario.
Organización que subraya que, por ello, solicitó la revisión y anulación de los acuerdos que afectaron a estos espacios desde la fecha de mayo de 2001, “al considerar que el Gobierno de las Islas, en contra de lo dispuesto por la sentencia C-374/98, obtuvo beneficios del incumplimiento de la normativa comunitaria”, concluye la nota.