Los juzgados del sur de Gran Canaria tienen fama de ser un estanque de casos y expedientes atascados en la maraña judicial. Y cuando de asuntos de cierta enjundia política se trata, más. Sucedió con el caso Góndola, que investigó sin éxito la presunta corrupción del PP de Mogán (2003-2007) sin salir del despacho de la retahíla de jueces que se sucedieron (hasta once en siete años) en Instrucción 1 de San Bartolomé de Tirajana. Y vuelve a suceder ahora, cuando su actual alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca, ex PP), se encuentra bajo lupa judicial junto a su mano derecha, el abogado y primer teniente de alcalde, Mencey Navarro.
Así, uno de los denunciantes de los presuntos delitos electorales cometidos por Onalia Bueno y su partido en 2015 y 2019, se ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el Juzgado de Instrucción 3 que instruye las diligencias 3549/2015 lo cite a declarar cuanto antes, debido a las “presiones” a las que está siendo sometido “por el entorno de la alcaldesa”, según denuncia formalmente en una queja ante el CGPJ a la que ha tenido acceso Canarias Ahora.
La queja, formulada el 22 de febrero por un excolaborador arrepentido del partido Ciudadanos por el Cambio (Ciuca), formación local aliada de Coalición Canaria en Gran Canaria, detalla que desde la detención de la alcaldesa, su primer teniente de alcalde y la concejala Tania Alonso el 17 de septiembre pasado, denunciantes y testigos han sido citados a declarar hasta en tres ocasiones, y “las tres han sido suspendidas sin que medie justificación alguna”.
En octubre, el denunciante advirtió a la Guardia Civil que tras esas detenciones ya fue “objeto de presiones, llegando uno de los concejales del grupo de gobierno a ofrecerme trabajo y dinero para que cambiase mi versión e inculpase a otra persona que nada tiene con lo ocurrido”. Ahora, explica al Poder Judicial que tiene “indicios de que algunos de los imputados podrían estar ”comprando“ a testigos para que modifiquen su versión de los hechos para favorecer a la alcaldesa”.
Es más, el denunciante asegura que “los imputados podrían estar destruyendo pruebas y es necesario que se cite a declarar cuanto antes a quien suscribe el presente, pues quiero evitar las presiones a las que me veo sometido por personas del entorno de la alcaldesa. Quiero ratificar mi versión de los hechos ante el juez, por lo que es necesario que se proceda a la citación de los testigos y denunciantes que como he manifestado, se ha suspendido en tres ocasiones sin que me hayan dado explicaciones al respecto”.
La situación de estancamiento procesal no es nueva. Sucede lo mismo, en el mismo juzgado (ha tenido ya varios magistrados, también, desde los últimos años) y con el mismo fiscal adscrito que investiga el caso de presuntos contratos municipales con el despacho de abogados del primer teniente de alcalde, Mencey Navarro.
La acción popular personada en este caso tuvo solicitar al juez que impulsara el procedimiento, paralizado desde el 1 de octubre pasado. Ese día, el letrado de la Administración de Justicia (antiguo secretario) dictó una diligencia de ordenación dando por practicadas todas las diligencias y remitiendo al magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas para que resolviera sobre la continuidad del procedimiento.
Desde entonces, no se movió un papel en el juzgado, ni por parte del fiscal Jorge López Tineo. Y eso que fue el propio ministerio público quien vio indicios de presuntos delitos de prevaricación continuada en las contrataciones municipales con el despacho de Navarro. De ahí que desde junio de 2018 se abriera la causa contra la mano derecha de Onalia Bueno, y también contra su entonces socio de gobierno Artemi Artiles (PSOE), en su calidad de concejal de Contratación, y el secretario municipal, David Chao.
En febrero, la representación procesal de la acción popular que ejerce la concejal de Nueva Canarias (NC) Isabel Santiago logró con un inhabitual escrito de impulso que el juez remitiera la causa al fiscal, por si consideraba que todas las diligencias estaban ya practicadas, como ya recogía el secretario judicial el 1 de octubre. La acción popular tomó así cartas en un asunto en el que suele intervenir primeramente el fiscal, que vuelve a tener encima de la mesa la práctica de más diligencias o si el procedimiento pasa al despacho del magistrado para su continuidad o archivo.
Onalia Bueno se ha significado desde el verano pasado en la crisis migratoria que ha tenido a su municipio, y fundamentalmente al muelle de Arguineguín, primero, y a los hoteles de la costa moganera, después, como principales focos informativos en toda España. Tanto, que después de su detención llegó a afirmar que todo se debía a una campaña orquestada desde el Gobierno de España porque había “alzado la voz” en “defensa” de los migrantes africanos. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Mogán ponía todo tipo de trabas y expedientes sancionadores a los establecimientos turísticos que acogieran a migrantes, como recoge un convenio firmado entre el Estado y Cruz Roja.
La alcaldesa ha vuelto a asegurar, en febrero pasado, que es una política incómoda para el Gobierno “y en Mogán todo el mundo sabe que me van a detener otra vez”. De momento, ni denunciantes ni testigos han podido declarar en sede judicial sobre sus presuntas trapisondas a la hora de comprar votos en las elecciones locales.