Representantes del colectivo Insular Viable no podrán intervenir este viernes en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Santa Cruz en el que se va a tratar una moción de XTenerife en la que se pide que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en esta querella interpuesta hace ya seis años por la Fiscalía Anticorrupción. El propio concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, forma parte de este colectivo que en su momento presentó la denuncia ante los tribunales.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, firmó este jueves un decreto prohibiendo esta participación en la sesión plenaria pese a que está contemplada en el reglamento de funcionamiento del Pleno y que había sido ya confirmada. El concejal de XTenerife, José Manuel Corrales, fue informado la misma tarde por el secretario de la Corporación local, Luis Prieto, de la decisión de Bermúdez que, según el escrito, se basa en que el interviniente y miembro de Insular Viable, Justo Menéndez, no tiene una relación directa con este asunto. Argumento que según Corrales, “cae por su propio peso ya que como todo el mundo sabe ellos fueron los primeros en denunciar esta trama”.
En la moción que va a ser defendida por el concejal de XTenerife se recoge que la actuación de los responsables políticos de Ayuntamiento imputados, entre los que se encuentra el anterior alcalde, Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, “debe ser repudiada socialmente y merece nuestra reprobación política”.
Corrales apunta en la propuesta que “la corrupción en todas sus formas debe combatida con toda contundencia y los presuntos corruptos no pueden ser impunemente protegidos o amparados por prerrogativas y privilegios procesales como el aforamiento”. En relación al nombramiento de Zerolo como senador por la Comunidad Autónoma lo que hará que el caso pase a ser estudiado por el Tribunal Supremo (TS). Corrales pretende que tanto los miembros de Coalición Canaria (CC) como del Partido Socialista Canario-PSOE, que actualmente mantienen un pacto en la Corporación local ratifiquen su “firme voluntad de ejecutar las sentencias judiciales del caso Las Teresitas, en aras de restablecer la legalidad, rectificando el disparatado acuerdo de compraventa del frente de Playa”.