La Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias ha elevado una queja a la mesa del Parlamento de Canarias contra la diputada tránsfuga Vidina Espino, que permanece como portavoz del grupo Mixto en la Cámara regional pese a haber abandonado Ciudadanos, el partido con el que se presentó a las elecciones. El departamento liderado por Noemí Santana (Sí Podemos) acusa a Espino de acceder “de manera irregular” a una de sus dependencias, situadas en el edificio de El Pino de Las Palmas de Gran Canaria, para solicitar “información reservada y confidencial” a los trabajadores que prestan servicios en ese inmueble.
Según el escrito de la Consejería de Derechos Sociales, la diputada del grupo Mixto habría vulnerado el reglamento de la Cámara regional. En concreto, el artículo 16.10, que exige a los diputados poner en conocimiento de la mesa su interés en visitar las dependencias de cualquiera de las administraciones públicas de Canarias en cumplimiento de sus funciones.
En ese caso, la Presidencia del Parlamento lo debe comunicar a la administración afectada, “proponiendo día y hora para efectuar la visita” y procurando “que no obstaculice el normal funcionamiento del servicio correspondiente”.
La Consejería de Derechos Sociales asegura en su escrito no haber recibido comunicación alguna por parte de la Presidencia del Parlamento, por lo que solicita que, en caso de haberse solicitado la visita, se aporte copia de la petición “a efectos de tomar las medidas que se consideren oportunas por parte de la administración”.
Vidina Espino ha contestado a la queja este mismo martes en el pleno del Parlamento de Canarias. Ha defendido que se reunió con los representantes sindicales de la Consejería de Derechos Sociales para escuchar sus demandas, que allí le presentaron “a otros compañeros” y que incluso preguntó por Noemí Santana. “Me dijeron que hacía dos años que no la veían”, ha dicho la diputada, que considera que la consejera “tiene miedo” a que hable con el personal.
La ex de Ciudadanos ha negado haber solicitado “información reservada y confidencial” a los representantes sindicales. “No voy a pedirle permiso para reunirme con los trabajadores ni para visitar un edificio público, no ya como diputada, sino como ciudadana”, ha manifestado.
Oposición frente a Derechos Sociales
Espino ha dirigido buena parte de sus esfuerzos de oposición hacia la Consejería de Derechos Sociales, liderada por Noemí Santana. El pasado mes de septiembre, por ejemplo, responsabilizó a Podemos de “la grave situación de las residencias de mayores” en el Archipiélago tras un informe realizado por la Diputación del Común en 2019. Es decir, antes de la pandemia y con hechos que se referían a la época en la que esa consejería estaba en manos de Coalición Canaria (CC). El texto fue elaborado por la Diputación del Común tras 25 visitas a instalaciones de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma entre febrero y diciembre de 2019. CC salió del departamento autonómico en junio, después del pacto alcanzado por cuatro formaciones progresistas (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera).
Espino abandonó voluntariamente Ciudadanos en julio de 2021. El pacto contra el transfuguismo considera tránsfuga “a los representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores) que los presentó a las correspondientes elecciones hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes”.
Cuando Espino anunció su salida de Ciudadanos, el secretario autonómico de Acción Institucional de este partido, Ruymán Santana, afirmó que la diputada conocía “de primera mano” que iba a ser sustituida por Ricardo Fernández de la Puente en la portavocía del grupo Mixto en el Parlamento regional. Espino atribuyó su decisión a la discrepancia con su partido en relación con la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF).
Un resquicio en el reglamento del Parlamento de Canarias sobre el grupo Mixto ha permitido a Espino gestionar por sí sola 157.800 euros, la mitad de lo que tiene asignado ese grupo para gastos.