En la caja fuerte del Ayuntamiento de La Oliva, al norte de Fuerteventura, hay telarañas cuando debería guardar, según la contabilidad municipal, una importante suma de dinero. El alcalde, Pedro Amador, desveló este miércoles que ha comunicado al Juzgado la situación, después de que el lunes operarios municipales tuvieran que forzar la caja fuerte al no aparecer la llave, en poder del que ha sido tesorero municipal los últimos 26 años. El trabajador cogió una baja médica el pasado viernes, después de darle largas al alcalde desde marzo para entregar un arqueo de la caja, un recuento del dinero en efectivo del Ayuntamiento, al incorporarse un nuevo interventor a la Corporación municipal.
El alcalde ordenó a la Policía Local que acudiese el viernes pasado al domicilio del tesorero para exigirle que entregase la llave de la caja fuerte, pero los agentes no pudieron localizarle. El martes anterior, le reclamó por escrito “que procediera de inmediato a depositar los fondos líquidos existentes en la caja municipal en la cuenta bancaria” del Ayuntamiento, así como que presentase el resultado del recuento del dinero.
El pasado lunes, poco antes de la una de la tarde, los operarios municipales forzaron la cerradura de la puerta que da acceso al cuarto donde se encuentra la caja fuerte y un armario blindado. La urgencia de acceder a su interior también estaba relacionada porque allí se había guardado documentación clave para la defensa del Ayuntamiento en un procedimiento judicial por un expediente de regulación de empleo (ERE).
La documentación sobre el ERE se encontró, pero tal y como explicó este miércoles el alcalde de La Oliva, “las cantidades económicas encontradas en la caja difieren de las expresadas en el saldo” de la contabilidad municipal. Por el momento, dice el alcalde que no se puede determinar “a cuánto asciende el desfase” entre las cuantías que aparecen reflejadas en la cuentas del Ayuntamiento y el dinero en efectivo realmente existente, que procede de la recaudación por actividades deportivas, culturales o rutas turísticas.
Votemos pide depurar “responsabilidades”
El portavoz de Votemos, Álvaro de Astica, cuyas denuncias en Fiscalía y en el Juzgado han sido la base de varias investigaciones en marcha por prevaricación, malversación de caudales públicos o falsedad documental en el Ayuntamiento de La Oliva, aseguró que en la caja fuerte aparecieron apenas unos 10.000 euros. A la espera de un análisis exhaustivo de la contabilidad municipal, apuntó que “faltan más de 200.000 euros”.
De Astica afirmó que la denuncia por irregularidades en la tesorería del Ayuntamiento de La Oliva no le ha cogido por “sorpresa” y exigió que se “depuren responsabilidades”. “Desde el inicio del mandato hemos pedido auditorías”, subrayó. De hecho, resaltó que en el último pleno preguntaron por el control sobre los ingresos en efectivo del Ayuntamiento, al tener “una serie de sospechas”. También ha puesto en tela de juicio los arqueos de caja efectuados en el Consistorio al menos desde al año 2003, que “no parecen veraces”.
Auditoría de los últimos 17 años
El alcalde, quien recalcó que su denuncia no era “una cacería”, explicó que “a la vista de la situación” tiene previsto encargar una auditoría de las cuentas del Consistorio de los últimos 17 años. Por el momento, tanto el interventor como la secretaria del Ayuntamiento están trabajando en un informe qué determine a cuánto asciende el “desfase” del dinero en efectivo en las arcas municipales y que, en cuanto esté concluido, lo pondrá “en conocimiento de la Justicia.
Además, confirmó que ha abierto un expediente sancionador por una falta muy grave al trabajador que ejercía como tesorero, José Cabrera. Se da la circunstancia de que un Juzgado de Fuerteventura investiga a dos ex alcaldesas de La Oliva por prevaricación por diversos nombramientos de cargos como el de tesorero. En concreto, el citado empleado municipal, con categoría C2, fue designado directamente en 1991 y se mantuvo en el puesto a pesar de que en 2013 el Gobierno de Canarias autorizó la creación de una plaza que tendría que haber salido a concurso.
La Oliva, acostumbrada a los escándalos
El municipio majorero de La Oliva, con unos 30.000 habitantes pero una importante zona turística, se ha acostumbrado a convivir con los escándalos judiciales. En las elecciones de 2015 ganó el eterno alcalde, Domingo González Arroyo, conocido como el Marqués de las Dunas, histórico miembro del Partido Popular que fundó su propia formación política, el Partido Progresista Majorero (PPM) cuando fue expulsado tras diferencias con la dirección del PP de Canarias. En junio de 2015 resultó inhabilitado durante nueve años por un delito de prevaricación.
A pesar de su incompatibilidad para el cargo, González Arroyo se mantuvo en la alcaldía hasta finales de diciembre de aquel año, incluso cuando ya ni siquiera era oficialmente cargo público, llegando a cambiar las cerraduras del Ayuntamiento. Tuvo que ser la Policía Local de otro municipio, Antigua, la que le desalojara del Consistorio. Ahora la Fiscalía ha solicitado una condena de cuatro años de prisión por usurpación de funciones y prevaricación.
Sobre el Ayuntamiento de La Oliva hay varias instrucciones judiciales en marcha: la citada de los nombramientos en el pasado de cargos relevantes de la plantilla, como secretaria, interventora o tesorero a dedo; otra por el abono de 900.000 euros a un abogado externo del Ayuntamiento en un periodo de unos cuatro años; una más por el supuesto fraude en la adjudicación del servicio de hamacas en la zona turística de Corralejo; o la subida de sueldo unilateral que presuntamente efectuó en su nómina una trabajadora del Ayuntamiento. La mayor parte de estos casos han sido denunciados por Votemos, el partido más activo de la oposición. En el grupo de gobierno está formado por PP, PSOE y por el alcalde, que se presentó en las listas del Partido Progresista Majorero y que se quedó sin respaldo tras enfrentarse al Marqués. “No voy a tener tolerancia con quienes dilapiden los recursos públicos o les encubran”, advirtió este miércoles.