Ni el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ni la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pudieron imaginar nunca que la sentencia del primero contra Alberto Rodríguez (Unidas Podemos) y su aplicación expeditiva por parte de la segunda iban a provocar en Canarias un cataclismo en la izquierda, la pérdida del Gobierno regional para el PSOE a manos de Coalición Canaria y el regreso de este partido a una de sus plazas más codiciadas, la ciudad de La Laguna.
Alberto Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1981) se muestra aparentemente seguro de lo que hace. Tras romper con Podemos, el partido del que fue secretario de Organización y diputado nacional, montó su propio espacio, Drago Verdes Canarias, con el que concurrió, primero en solitario, a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, y luego, integrado en Sumar, a las generales del 23 de julio del mismo año. Su irrupción en la tradicionalmente fraccionada izquierda canaria a la izquierda del PSOE sirvió para que esta desapareciera del Parlamento regional y, en combinación con otros factores, contribuyera a que el pacto progresista que había descabalgado a Coalición Canaria del poder por primera vez en casi tres décadas volviera a la bancada de la oposición.
En la ciudad de La Laguna las negociaciones para un acuerdo por la izquierda también fracasaron por una alambicada sucesión de excusas y de acusaciones que se lanzaron entre sí el PSOE, Drago y Unidas Se Puede, la marca con la que Podemos concurrió a esa plaza junto a Sí Se Puede e Izquierda Unida. El resultado final ha sido que, después de cuatro años de gobierno progresista, Coalición Canaria ha vuelto a ocuparlo de la mano del PSOE, que fue incapaz de alcanzar un acuerdo con las dos formaciones de izquierda, cada una con dos concejales, justo los cuatro que faltaron a los socialistas para los catorce necesarios para la mayoría absoluta.
Tanto Unidas Se Puede como Drago culpan al PSOE, y este a la cerrazón de ambos espacios a su izquierda, especialmente al de Alberto Rodríguez. Es falso, como se ha dicho en muchos foros, que éste exigiera la alcaldía al alcalde Luis Yeray Gutiérrez, pero sí es verdad que quería para él la primera tenencia de alcaldía y varias áreas de importancia, como Urbanismo y Vivienda, además de detalles tan elocuentes como la prioridad para elegir los despachos a ocupar en las oficinas municipales.
Pese a tener unos 800 votos menos que Unidas Se Puede, el liderazgo de las negociaciones lo llevó Alberto Rodríguez, que pedía siempre un plus frente a su ex compañero en Sí Se Puede Rubens Ascanio: además de la primera tenencia de alcaldía y las concejalías de mayor peso, la liberación total de sus concejales, lo que el partido ha negado a este periódico.
Pero en realidad fue la desconfianza entre todas las partes negociadoras la que impidió el acuerdo y, a la postre, facilitó el regreso de Coalición Canaria al gobierno de la ciudad donde radica su comité local más numeroso y de mayor peso, del que son integrantes, entre otras personalidades, Ana Oramas, actual vicepresidenta del Parlamento canario, y el presidente de la región, Fernando Clavijo, secretario general del partido y exalcalde lagunero.
En el PSOE acusan abiertamente a Alberto Rodríguez de “chulería y prepotencia porque decía que tenía unas encuestas que le iban muy bien”, cuentan personas que participaron o conocieron de primera mano las conversaciones. Dicen que su afán era hacerse “con todo el espacio de la izquierda revolucionaria y joven” para “arrodillar a los de Unidas Podemos”, a los que acusa de echarle tras haber sido su secretario de Organización y uno de los diputados nacionales de referencia.
Su ánimo de venganza, dicen estos negociadores, le llevó a proponerle a Rubens Ascanio en abril, un mes antes de las elecciones locales y autonómicas, que abandonara Unidas Se Puede para ir de número dos en la candidatura de Drago. Entonces él estaba seguro de que sus pasos políticos se encaminarían de nuevo a Madrid de la mano del proyecto Sumar de Yolanda Díaz, que lo había investido como su marca en Canarias. Rubens Ascanio niega que eso haya sido así: “A Drago le ofrecimos hacer una candidatura conjunta en La Laguna, pero no aceptaron”.
Tan seguro estaba que a los negociadores socialistas Rodríguez les dijo que no pensaba quedarse en La Laguna, que su sitio estaría en el Gobierno de España o en un lugar destacado del poder legislativo. “O entro en el Gobierno o tendrás un punto rojo en la frente desde la escalera del Congreso”, asegura un negociador socialista que dijo al alcalde Luis Yeray Rodríguez. Drago niega tajantemente que esa frase haya sido pronunciada por su líder.
Pero lo cierto es que, pasados los primeros meses de idilio entre Sumar y Drago, los puentes parecen haberse quebrado. En la formación que lidera Yolanda Díaz nadie (o casi nadie) se atreve a dar la cara por Alberto Rodríguez, y este ya anunció en las últimas semanas de 2023 que la formación había acordado en una asamblea política “explorar nuevas vías de acuerdo político con formaciones que estén en condiciones de garantizar la defensa de los intereses canarios, así como el cumplimiento de los acuerdos programáticos y su espíritu alcanzados durante los acuerdos electorales”, lo que confirmaba su distanciamiento de Sumar. Todos los ojos se clavaron de inmediato en Nueva Canarias, embarcada desde hace muchos meses en su reinvención hacia el canarismo, uno de los valores que más resalta el líder de Drago de su propio proyecto. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, ha negado a este periódico que haya existido algún contacto formal con Drago para cualquier cosa que pueda parecerse a una integración o a una alianza, aunque confiesa que ha habido “recaditos”.
Nueva Canarias explora en estos momentos ir con Sumar, por la vía de alguna de sus confluencias, a las elecciones europeas de junio.
Una presunta moción de censura
Las tensiones entre todos los negociadores de La Laguna alcanzaron tal grado de desconfianza que a los oídos del PSOE llegó incluso una amenaza de moción de censura promovida por Unidos Se Puede (que lo niega) que habría de contar con el concurso de Coalición Canaria, con la excusa de la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 2024.
Fue ese run-run lo que condujo al alcalde a intentar articular una mayoría del PSOE con Unidas Se Puede con el apoyo externo del Partido Popular, una fórmula que aceptó el presidente regional de los populares, Manuel Domínguez, y que la dirección federal socialista conoció y bendijo porque ya para entonces tenía garantizado el voto favorable de CC a la investidura de Pedro Sánchez.
Pero era una idea que jamás aceptaría la confluencia de izquierdas encabezada por Rubens Ascanio cuyo principal escollo era paradójicamente una llamada “cláusula de rescisión” que pesaba sobre él dentro de su coalición: si en 24 meses no lograba articular una mayoría de gobierno progresista debía ceder el paso a la siguiente persona en la lista. Pero gobernar con el apoyo del PP era un sapo de difícil digestión.
A esas alturas ya nadie contaba con Drago para cualquier operación.
Alberto Rodríguez y Rubens Ascanio culpan exclusivamente al PSOE de lo ocurrido en La Laguna. Desde Drago responden a las preguntas de este periódico asegurando que las izquierdas no llegaron a un acuerdo por “la falta de voluntad política del PSOE, que preferenció (sic) las buenas relaciones con Coalición Canaria en favor de un posible voto a la investidura del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Castejón, como así finalmente sucedió; y así fue expuesto por el propio secretario de Organización del PSOE lagunero en RTVC. A todo ello se sumó el factor nada desdeñable de que Coalición Canaria gobierna en el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, y al temor reverencial de que desde esas posiciones no se facilitara un buen gobierno en San Cristóbal de La Laguna”.
Rubens Ascanio, de Unidas Se Puede, también cree que el acuerdo entre el PSOE y CC “estaba hecho desde junio” y en la explicación de sus motivos desciende más a lo concreto: “la gestión del personal del Hospital Universitario de Canarias (HUC)”, que con este acuerdo “se mantendrá en la órbita del Partido Socialista”. Se trata, ni más ni menos, que de una parcela que el presidente del PSOE en La Laguna, el tan poderoso como discreto Pedro Ramos, se reserva tradicionalmente para sí y que siempre ha servido como oficina de colocación para militantes y simpatizantes.
Sin llegar a admitir del todo que el acuerdo con Coalición Canaria estuviera vinculado al voto favorable de Cristina Valido a la investidura de Pedro Sánchez, en el PSOE de La Laguna sí reconocen que la predisposición del partido de Fernando Clavijo y de Ana Oramas ha sido total desde el día siguiente de las elecciones generales del 23 de julio, lo que se convirtió casi en ofrecimiento al más alto nivel, el que en las negociaciones representó el ministro plenipotenciario Félix Bolaños. Su cuenta de WhatsApp lo puede acreditar.
Coalición Canaria empezó pidiendo ocho áreas, una para cada uno de los concejales y concejalas que obtuvo el 28-M, para al final conformarse con cuatro.
Además, Clavijo eliminó por elevación al número uno de la candidatura, Jonathan Domínguez, nombrándolo viceconsejero de Comunicación del Gobierno canario, una plaza que no lograba ocupar con nadie que aceptara las condiciones y el entorno del puesto y que el elegido aceptó pese a su escasa experiencia en la materia. Antes, eso sí, tuvo el gesto de disculparse ante el que fue su bestia parda, el alcalde lagunero Luis Yeray Gutiérrez, contra el que lideró una dura campaña de insidias basadas en obras ilegales y corruptelas nunca probadas que fueron convenientemente aireadas por los medios de comunicación afines al clavijismo, con los que ahora repartirá los generosos fondos de publicidad institucional del Gobierno de Canarias.