El político Dimás Martín deberá ingresar este viernes en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, para cumplir una condena de 8 años por delitos de malversación y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social durante su gestión al frente del Complejo Agroindustrial de Teguise en los años noventa.
Fuentes judiciales informaron de que este viernes a las 24 horas se cumple el plazo para su ingreso después de que le fuera notificada la sentencia de la Audiencia de Las Palmas el pasado día 2 de diciembre por un juzgado de Arrecife, una vez que el Tribunal Supremo desestimó aclarar los recursos que presentó y que fueron denegados.
Dimas Martín ha anunciado que ingresará voluntariamente en el centro de Tahíche, en el que entra por cuarta vez, y es previsible que lo haga por la tarde, fuente próximas al político lanzaroteño.
La condena impone a Martín, que es el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote y ha sido, además del alcalde de Teguise, presidente del Cabildo lanzaroteño, parlamentario regional y senador, una pena de “inhabilitación absoluta durante 15 años”.
En la primera ocasión que fue a la cárcel lo hizo por un delito de falsedad relacionado con un asunto particular en su época como empresario; en la segunda, en 1998, fue por una condena de seis meses por un delito de desobediencia cometido entre los años 1990 y 1991 cuando ya era alcalde, mientras que la tercera fue en enero de 2004 por cohecho, por la compra de un voto a un concejal.
La Audiencia Provincial de Las Palmas denegó recientemente al político lanzaroteño Dimas Martín un plazo adicional de quince días para retrasar su ingreso en prisión por esta condena.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arrecife también le ha requerido para que pague las multas e indemnizaciones a las que ha sido condenado.
La Audiencia de Las Palmas condenó a Dimas Martín, ex presidente del Cabildo de Lanzarote, a seis años y a inhabilitación absoluta por un tiempo de 15 años como consecuencia de un delito de malversación de caudales públicos, mientras que fue absuelto de defraudación del impuesto de sociedades, falsificación de documentos mercantiles y estafa.
El tribunal le condenó también por fraude a la Hacienda Pública a un año de prisión y a pagar una multa de 2,4 millones de euros y a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tres años.
Asimismo, fue condenado a otro año de prisión y a abonar otra multa de cerca de un millón de euros por el delito cometido contra la Seguridad Social, por el que además también perdía por otros tres años la posibilidad de gozar de subvenciones o ayudas públicas y el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
La Audiencia consideró probado que el acusado se apropió de 2,3 millones de euros del Complejo Agroindustrial, del que fue su responsable como presidente entre 1991 y 1994, y que se creó a iniciativa suya para comercializar la producción agrícola de la isla.