Hace siete años, en 2011, el Partido Popular no creía en el Diputado del Común, organismo que actúa en Canarias como el Defensor del Pueblo, y por ello pedía su supresión alegando que, con la crisis económica, las arcas del Parlamento de Canarias debían recortar este gasto. Sin embargo, tras la reestructuración del pasado verano, los gastos en esta institución han aumentado debido al reparto de puestos realizado por los populares y el PSOE.
En la actualidad, según los datos hechos públicos por el propio Diputado del Común, la Cámara Autonómica destina cerca de 1,7 millones de euros en salarios, en bruto, para abonar las nóminas de las 37 personas que lo conforman. A estas cifras hay que sumar las dietas de los cinco altos cargos (que en su mayoría residen fuera de La Palma, donde está la sede), más las dietas y las cuatro pagas extraordinarias y de concertación con las que cuentan las 32 personas restantes.
A raíz de las negociaciones de los órganos parlamentarios que tuvieron lugar en la primera mitad del año, PP y PSOE se repartieron la mayor parte del pastel, mientras que Coalición Canaria se conformó con mantener el puesto del secretario general, que desde 2012 está en manos de Lázaro Brito. Así, se crearon tres nuevos adjuntos cuando Jerónimo Saavedra, el antecesor del actual Diputado del Común, Rafael Yanes, no contaba con ninguno. De dos altos cargos se pasaron a cinco, siendo los tres nuevos dos miembros del Partido Popular y uno del PSOE. La incorporación de estos adjuntos hizo que una de las primeras peticiones de la institución fuera solicitar al Parlamento de Canarias un incremento presupuestario de 100.000 euros para acabar el año.
Según ha publicado el Diputado del Común en su Portal de Transparencia el pasado 30 de octubre, tres meses después de que completara el organigrama, Rafael Yanes, cabeza visible del organismo, cobra un salario anual de 61.902,70 euros. Tras él, son los adjuntos a este puesto quienes más ganan. Así, los populares Felipe Afonso El Jaber (adjunto primero) y Beatriz Barrera (adjunta de Igualdad) y la abogada propuesta por el PSOE, Milagros Fuentes (adjunta segunda), cobran cada uno 61.460,86 euros. Mientras, Lázaro Brito se embolsa cada año 60.704,36 euros. Por encima de estos altos cargos tan solo hay una persona que cobra más, la jefa de Administración, cuyo salario se sitúa en los 72.411,08 euros al año, casi 30.000 euros más que la siguiente funcionaria en esta escala salarial, la jefa de Habilitación y Nóminas, cuyo sueldo está en los 42.383,88 euros.
En el año 2014, los por entonces diputados Felipe Afonso El Jaber y Cristina Tavío (aún hoy parlamentaria) comenzaron una recogida de firmas para presentar una queja ante Soledad Becerril, la por entonces Defensora del Pueblo, por el Plan Canario de Vivienda del Gobierno de Canarias. En total lograron más de 700 apoyos que tenían como fin puentear al Diputado del Común, organismo competente en esta materia en las Islas, puesto que el PP de José Manuel Soria lo ninguneaba. Sin embargo, finalmente terminaron entregando el escrito a Jerónimo Saavedra de manera irregular puesto que la finalidad de la recogida de firmas era destinar la reclamación a un organismo distinto al que finalmente llegó.
El Partido Popular alegó, a principios de este año, que la medida de suprimir el Diputado del Común fue propuesta por culpa de la crisis y que esta no prosperó porque no se llegó a un acuerdo. Por aquel entonces, José Manuel Soria señalaba que las funciones realizadas por el organismo con sede en La Palma podrían ser desempeñadas por los parlamentarios de la Cámara Autonómica. Por el contrario, siete años más tarde, los populares canarios entienden que el momento de la crisis ya ha pasado y por ello mantenerlo abierto ya no es un despilfarro.
Pero volviendo al gasto en nóminas, el grupo al que más fondos se destina es al personal eventual, conformado por 16 personas que se reparten 756.208,08 euros. Estos cargos, al igual que el de los adjuntos al Diputado del Común, cesan cuando cesa el titular del organismo, por lo que ninguno tiene derechos laborales consolidados. Este bloque cuenta con 11 asesores que ganan, al igual que la jefa de Gabinete, Paqui Rodríguez, 50.465,66 euros al año cada uno. Estas 11 personas son los licenciados en Derecho Amanda Armas, Cristina del Mar Duque, Marlene Figueroa, María de los Remedios Afonso, María Candelaria González, Óliver Fariña, Rafael Álvarez, Regina García, Silvina Morales y Yésica González, además de la licencia en Ciencias Económicas y Empresariales Rosa Elvira Castilla. Cada uno de ellos, puestos repartidos entre PSOE y PP, tienen designado un área de trabajo concreta, que van desde discapacidad a seguridad pública, pasando por medio ambiente o justicia, entre otros, y cobran las cuatro pagas extras que no tienen los altos cargos, dos extras que rondan los 3.000 euros brutos y dos concertadas que superan los 3.500 euros brutos, por lo que si se multiplica por las 16 personas, habría que añadir cerca de 90.000 euros que no están reflejados en el Portal de Transparencia del organismo.
En el personal eventual también hay un asesor informático, que gana 38.490 euros al año, y tres auxiliares de gabinete que se embolsan 37.376,72 euros cada uno. En cuanto al personal funcionario, los salarios son distintos. Como ya se comentó, la jefa de Administración tiene un sueldo bruto anual del 74.411,08 euros, mientras que la de Habilitación y Nóminas gana 42.383,88 euros. De los otro siete funcionarios, cuatro (tres en Gran Canaria y uno en Tenerife) cobran 34.126,81 euros y los otros tres, en la sede central de La Palma, cobran 37.326,49 euros.