MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Ecologistas en Acción ha criticado el “incumplimiento” por parte de las comunidades autónomas de la Directiva Hábitat junto con la Directiva de Aves, que, a su juicio, es “el principal pilar para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea al establecer las bases comunitarias para la conservación de los hábitat naturales y de la flora y fauna silvestres”.
En este sentido, ha hecho un llamamiento a las administraciones españolas para que “no continúen vulnerando la normativa comunitaria y española y eviten que una posible multa europea socave las ya maltrechas arcas públicas”, según informa la organización.
La “principal aportación” de esta directiva, según Ecologistas en Acción, es la creación de la Red Natura 2000, una “ambiciosa y extensa” red ecológica constituida por ZEC (Zonas de Especial Conservación) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). Para la creación de esta Red, la Directiva establece una serie de plazos que las administraciones españolas “han venido incumpliendo sistemáticamente”.
De este modo, la organización ecologista señala que es “especialmente grave el incumplimiento de los plazos establecidos para la declaración de los ZEC y la aprobación de sus correspondientes planes de gestión” y lamenta que no se hayan designado las ZEC de la Región Macaronésica (Canarias), previstas para 2008 o los ZEC de la región Atlántica, que debían haberse realizado en 2010.
“Si se hubieran cumplido estos plazos, actualmente existirían mas de 1400 ZEC con sus correspondientes planes de gestión, sin embargo la realidad es que se han declarado menos de un 20 por ciento de esas 1.400 ZEC”, han afirmado.
Por otro lado, critican que las administraciones españolas “han infringido la Directiva permitiendo que estas zonas de alto valor ecológico a nivel comunitario incorporadas en la Red Natura 2000 estén siendo gravemente deterioradas con la autorización de todo tipo de proyectos insostenibles como puertos, aeropuertos, autovías, estaciones de esquí o desarrollos urbanísticos”.
Por ello, reclaman una “implementación plena”, con recursos económicos, medios técnicos y humanos, así como mecanismos que faciliten la “plena implicación” de todos los agentes sociales en la monitorización y seguimiento de la Red Natura 2000.