Canarias ha perfilado este martes las acciones que busca para cambiar su modelo productivo atendiendo a las singularidades territoriales de cada isla, pero dejando de lado dos de las principales demandas de la ciudadanía en las protestas masivas contra el modelo actual de desarrollo que tuvieron lugar en abril y octubre (20-A y 20-O): la implantación de una ecotasa y una moratoria turística que ponga límites a esta industria, que prevé superar los 18 millones de visitantes este año.
En la segunda Conferencia de Presidentes que el Ejecutivo canario ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria y en la que han estado presente los presidentes insulares, Fernando Clavijo ha adelantado que los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2025 incluyen 764 millones para comenzar a aplicar algunas de las 51 medidas acordadas por los cinco grupos de trabajo creados para abordar los desafíos de las islas en las próximas décadas. Esas medidas se suman a las 66 aportaciones ciudadanas más las que propongan los cabildos insulares. Un comité de seguimiento “fusionará” estas propuestas con las que ya ha trabajado el Parlamento y Gesplan, ha indicado Clavijo, quien también ha hecho hincapié a la colaboración que se mantiene con la Federación Canaria de Municipios.
Clavijo ha detallado que de los 764 millones, 97 millones son en concepto de bonificaciones fiscales en materia de vivienda, eficiencia energética y lucha contra el cambio climático.
Ni ecotasa, ni moratoria, sino más planificación y agilidad para construir
Preguntado por si las medidas ya definidas incluyen la implantación de una moratoria turística y una ecotasa, el presidente ha dicho que la segunda cuestión no se ha abordado y que sobre la primera se ha concluido la necesidad de “poner límites al crecimiento a través de la planificación”, para lo que se considera fundamental agilizarla con el fin de “no ir por detrás del crecimiento”, como ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, no se ha acordado imponer una moratoria como tal.
La presidenta en funciones de la Federación Canaria de Islas, Rosa Dávila, apuntó que en Tenerife existe una tasa para la visita a determinados espacios naturales protegidos (por ahora, solo Masca), al igual agregó que se trabaja en planes de movilidad sostenible para el conjunto de las islas.
Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, afirmó que desde la institución que lidera han defendido la ecotasa de manera genérica, así como una moratoria, por ejemplo, para la vivienda vacacional.
“Lo hemos expresado públicamente y yo creo que podemos ir avanzando en ese sentido pero estamos de acuerdo en que hay que adaptar los servicios públicos universales que tenemos en esta tierra, la realidad poblacional y el crecimiento turístico. Tenemos que avanzar en perfeccionar y adaptar la educación a las nuevas demandas”, apostilló.
Ejes de trabajo
Los grandes ejes sobre los que hay que dar soluciones, según estos expertos, son, además de la inmigración, la vivienda, la protección del territorio y los espacios naturales, la planificación del territorio, la lucha contra el cambio climático, la sequía y la seguridad energética.
Por otro lado, Clavijo ha anunciado que en el primer trimestre de 2025 el Gobierno canario prevé aprobar un segundo decreto para reducir a entre 90 y 180 días el plazo para la concesión de licencias municipales de construcción, que en la actualidad supera los dos años.
El presidente regional ha insistido en que “el modo canario de hacer política funciona”, como demuestra, según él, el trabajo desarrollado por esta Conferencia de Presidentes, donde hay representados distintos partidos (CC, PP, PSOE, NC, ASG y AHI) que son capaces de llegar a acuerdos en favor del futuro del archipiélago.
Sin embargo, cabe recordar que hace apenas una semana el PSOE criticó precisamente estas mesas de expertos y puso en duda su utilidad porque “no escuchan a la ciudadanía ni responden a su hartazgo”. Además, consideró que lo que ha hecho el Ejecutivo es “no desarrollar las cuestiones de peso en esas mesas”, pues las reuniones estuvieron “plagadas de cargos políticos y cargos intermedios del Gobierno, sin casi expertos o escucha pública”.
También fueron muy criticadas por el movimiento social nacido tras el 20A, Canarias Palante. “Esta mesa de expertos, de la que forman parte el Gobierno de Canarias y los cabildos, no representa los intereses ni las voces de quienes vivimos aquí, sino que sigue el mismo patrón de exclusión de siempre: un pequeño grupo tomando decisiones a espaldas del pueblo”, señaló la organización a mediados de octubre.
Rosa Dávila, que también preside en Cabildo de Tenerife, ha abundado en que todas las propuestas diseñadas para abordar el reto demográfico de Canarias se aplicarán teniendo en cuenta las peculiaridades de cada isla, ya que las llamadas verdes, La Palma, La Gomera y El Hierro, precisan retener población, al igual que las localidades de menos de 10.000 habitantes, mientras que en el resto de territorios insulares hay lugares “saturados”.
Mejorar la redistribución de la riqueza en el archipiélago es otro de los objetivos, ya que el empobrecimiento de la clase media, que destina más del 40% de su salario a la vivienda, hace que esté en situación de exclusión social, ha subrayado Clavijo.
Céntimo forestal
Por otra parte, en relación a la implantación del céntimo forestal, Dávila consideró “lógico” que las islas que tienen una bonificación por la “falta de competencia y que tienen más alto” el precio de los combustibles, “no” se aplique, si bien manifestó que Gran Canaria y Tenerife, con un modelo económico y población “similar”, están de acuerdo en su aplicación. Añadió que en los presupuestos del Cabildo de Tenerife está recogido.