La directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García, anunció este miércoles cambios en la gestión de expedientes de dependencia para dar curso a las recomendaciones realizadas por el Consejo Consultivo de Canarias y el Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas (CTSLP).
“Estamos de acuerdo en su apreciación sobre cuándo se genera el derecho a percibir la prestación o servicio por dependencia”, subraya en un comunicado la directora.
Según el CTSLP hay unas 10.000 personas que ya tiene el grado de dependencia reconocido, pero que aún no cuentan con su Programa Individual de Atención (PIA), y García especifica que es así por “los muchos años de crisis económica que dificultaron la puesta en marcha de la ley, con una escasa dotación económica que impidió prestaciones y servicios a quienes tenían el derecho adquirido e influyó negativamente en las plantillas de profesionales de la Dirección General”.
“En estos momentos ponemos en marcha actuaciones y medidas para agilizar el procedimiento y atender de forma convenientemente a todas las personas que tiene reconocido su derecho”, agrega Eulalia García, quien reconoce que “es evidente que su área necesita personal, por lo que se prevé reforzar las plantillas en el último trimestre del año”.
García desveló la elaboración de un nuevo decreto que regule el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
“Habrá medidas para simplificar los procedimientos, además de implementar un gestor informático por el cual las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, y las entidades colaboradoras puedan trabajar en red e, incluso, también se trabajará de esta forma con los colegios profesionales”, precisa la directora.
En cuanto a la advertencia del Consejo Consultivo de que las personas que tengan reconocido el grado de dependencia, si no tiene aprobado el PIA en es plazo que estipule la ley, tiene derecho a acceder a la prestación o servicio, García asegura que “se ha corregido desde hace meses esta situación conforme al dictamen y se abonan tanto las prestaciones económicas como los servicios con efecto retroactivo cuando procede”.
“Es posible que puedan quedar expedientes por atender, pero ya no es la generalidad”, concluye Eulalia García.