Nadie les dijo que la vivienda que debía ser la casa de su vida podía ser expropiada y demolida en cuestión de años. Ni el Ayuntamiento de Telde, ni las inmobiliarias, ni los bancos. El barrio de Ojos de Garza, con cerca de 5.000 habitantes, tenía todas las cartas para ser borrado del mapa por la construcción de la segunda pista del Aeropuerto de Gran Canaria. Se sabía en el lugar desde finales de los años 90, pero los compradores, más de 100 personas según fuentes vecinales, no fueron suficientemente informados hasta después de hacer la mudanza. Las viviendas se siguieron construyendo y vendiendo incluso tras la aprobación en 2001 del Plan Director de obras de AENA.
Cristo Hernández se enteró nada más mudarse, cuando un vecino le invitó a participar en la Plataforma de Afectados por la Expropiación. “¿Qué expropiación?”, le preguntó. Otras como Ogadenia Rivero fueron advertidas por una amiga al poco de comprar la vivienda, cuando se disponía a acondicionarla antes de irse a vivir allí. La hija de María del Carmen, Dácil, adquirió el piso a un particular que no le explicó nada del asunto. Todas compraron cuando la amenaza de expropiación se cernía sobre Ojos de Garza. Se informaron en el Ayuntamiento, donde ellas aseguran que no les contaron la realidad. Descubrieron el engaño solo después de firmar la compraventa del piso.
“Desde antes del año 2000 se suponía que la ampliación del aeropuerto podía afectar al barrio. Pero teníamos la certeza de que podríamos acogernos a una indemnización económica o a un realojo”. Así explica el empresario Ángel Torres, de la inmobiliaria Torres Florido, que empresas como la suya siguieran construyendo a pesar de la amenaza de expropiación. En su caso fue una promoción de 135 viviendas en las calles Segovia y Pontevedra, siempre en Ojos de Garza. Pero asegura que no ha vendido ninguna y que todas están en régimen de alquiler. Apunta que en caso de compraventa, habría informado a los clientes. Sobre las empresas que sí vendieron sin avisar del riesgo, prefiere no hablar. “Yo no quiero meterme en lo que hicieron los demás”.
Uno de los “demás” fue la empresa Syocsa-Inarsa, que en 2002 edificó y vendió 90 viviendas en este lugar, cuando el plan de suprimir Ojos de Garza estaba más que aprobado. Un cargo de la compañía, que prefiere permanecer en el anonimato, asegura que “no engañaron a nadie”, pero tampoco avisaron de la posible expropiación a sus clientes. “Entiendo que todos estaban informados”, explica, eludiendo toda responsabilidad.
Los bancos que ofrecieron hipotecas, como BBVA o Popular, tampoco aclaran nada. Prefieren no hablar o derivar a la central de Madrid el trabajo de aclarar las circunstancias en las que según los afectados se facilitó financiación para adquirir viviendas en un lugar destinado a desaparecer.
El ex alcalde, “obligado” a tramitar las obras
El veterano Francisco Aureliano Santiago era alcalde de Telde entre 1991 y 2003. Fue en los últimos años de este mandato (también salió elegido en el periodo 2007-2011) cuando se produjo el engaño, mientras el barrio entero clamaba contra el proyecto de AENA. Hoy acompaña a los damnificados de la expropiación, que ya solo piden que sus propiedades sean tasadas a precios de 2008 y no a los precios actuales, mucho más bajos. “El Ayuntamiento tenía la obligación de dar trámite a las licencias de construcción, lo contrario habría sido prevaricación”, asegura. “Las obras se bloquearon cuando se produjo la aprobación definitiva del Plan Director de AENA, a mediados de la década pasada”.
Entonces apareció la picaresca. Juan Manuel Peña compró una casa de segunda mano hace 6 años a un particular en la calle Alicante. “En la inmobiliaria me dijeron que mi casa no entraba en la expropiación, pero la empresa quebró y se sacudieron como pulgas”. Se refiere a la inmobiliaria Lifer, desaparecida a finales de 2008 y denunciada a su vez por presunta estafa. El dueño le enseñó unos documentos que supuestamente demostraban que la segunda pista del aeropuerto no pasaría por la parte alta de la calle, donde se encuentra el edificio de tres plantas, sino por la parte baja de la misma. Estaba en lo cierto. Lo que no le dijo es que, de cualquier manera, el barrio entero iba a ser demolido.
Ahora Juan Manuel tiene que hacer frente a una hipoteca de 114.000 euros, de la que solo ha pagado 14.000 en estos años. “Me siento timado y sin poder hacer nada, porque un abogado no te cobra menos de 2.700 euros”. La única solución para él es que AENA acepte pagar las viviendas con el valor que tenían en 2008. Eso o el realojo unos kilómetros al sur, en la zona conocida como Montaña Las Tabaibas.
Ogadenia Rivero compró su vivienda un poco antes, en el año 2000, por encima de la rotonda de entrada de la autopista desde Las Palmas de Gran Canaria. Prefiere pensar que en el Ayuntamiento no sabían lo que se les venía encima, imaginar que no se habían actualizado con un proyecto que pretendía expropiar el barrio. Que la inmobiliaria no estaba al tanto, ni el banco que le concedió la hipoteca.
Se mudó en 2004, y una amiga le advirtió tras enterarse por la prensa. En el Ayuntamiento le remitieron a Margarita Alonso, una mujer guerrera que desde el principio representa a los vecinos, hasta el punto de encabezar las últimas semanas una huelga de hambre ya concluida junto a María Luisa Cabrera, otra vecina.
Aún después de tener el contacto de Margarita, Ogadenia compró, y ahora es una de las afectadas por la futura expropiación y demolición del barrio. “Se te cae el mundo encima”, explica. Ahora trabaja como auxiliar administrativo y tiene un niño pequeño que esa tarde no para de correr por el parque junto a la iglesia de Santa Rita de Ojos de Garza. “Estamos hablando de tu casa, y estás allí alargando la agonía... Yo quiero que nos realojen y que hagan la pista ya, que esto no se prolongue más”.
Otro caso es el de Cristo Hernández, quien compró su vivienda en 2001 y descubrió demasiado tarde que estaba metida en un problema. Había oído hablar del proyecto de AENA, pero asegura que en el Consistorio le dijeron que no se preocupara, que la sobrina de uno de los funcionarios se había comprado un piso en el mismo lugar que ella pensaba hacerlo. “Yo vi el anuncio en el periódico, fui a ver la casa y pagué la entrada”. Al mes de vivir allí fue cuando le ofrecieron integrarse en la Plataforma. “Me siento engañada por el Ayuntamiento, por la constructora, por mi banco”.
-¿Cree que alguno de ellos estaba al tanto del riesgo de expropiación?
La mujer, de unos 40 años, se sorprende por la pregunta, como incrédula ante la posibilidad de la duda. Mirando a los ojos, transmite toda su indignación.
-¡Por favor!