La empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) ha optado por poner en marcha una estrategia judicial cuyo objetivo parece ser retrasar al máximo la devolución del dinero pagado por el Ayuntamiento de Santa Cruz por la compra del frente de la playa. De esta manera la demanda civil interpuesta por la empresa para intentar dilucidar de qué manera se cumple la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que anuló la compraventa de estos terrenos ha pasado del juzgado de lo civil a la Audiencia Provincial.
Hay que recordar que hace un año el secretario de la Corporación local, Luis Prieto, anunció en pleno que habían inscrito estos solares de nuevo a nombre de ILT en el Registro de la Propiedad. Por su parte, la empresa propiedad de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia presentó una demanda reclamando al Ayuntamiento que le pagara 116 millones de euros a la vez que se negaban a devolver cantidad alguna de los 52,4 millones cobrados en el año 2001.
La respuesta del Ayuntamiento fue la de exigir que no sólo se le restituyera esta última cantidad sino que además se le sumaran los intereses desde la fecha de la operación, lo que implicaba casi 75 millones de euros. Precisamente, agarrándose a esta última petición los abogados de ILT han pedido a la Audiencia Provincial que resuelva si legalmente es posible que una demanda sea contestada con otra. Los letrados del Ayuntamiento tienen claro que existe esta posibilidad pero los de la empresa parecen haber utilizado este subterfugio para alargar el contencioso. En el peor de los casos, según fuente de la Corporación local, lo que ocurriría es que el pleito se tendría que resolver en dos partes diferenciadas. Por un lado se estudiaría la petición del Ayuntamiento para que ILT le devuelva 75 millones y por otro se resolvería la petición de los empresarios de que se les paguen 116 millones.
El Ayuntamiento mantiene como alternativa válida la solución dada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para dar cumplimiento a la anulación de la compraventa. En aquel momento la sala de lo penal tasó en 15 millones el frente de la playa y dijo que ILT tendría que devolver la diferencia sumados los beneficios que obtuvo con la venta de la trasera de Las Huertas en el año 2006 a una filial de la aseguradora Mapfre por 95 millones de euros. Esta solución fue recurrida por ILT ante el Supremo que finalmente acordó que se anulara la compraventa y sus consecuencias se dirimieran en la vía civil en caso de que tal y como ocurrió no se llegara a una solución entre las partes.
Por otro lado, la Gerencia de Urbanismo ha pedido a la Junta de Compensación de Las Teresitas que se reúna para estudiar las peticiones de los vecinos de Montaña Morera que pese a haberse negado a ser incluidos en esta entidad vieron como sus terrenos fueron vendidos a ILT y las casas desaparecieron del Registro de la Propiedad. En estos momentos el Ayuntamiento ha presentado un incidente de ejecución de la sentencia firme desde hace años que obliga a que estos propietarios tengan conocimiento de todo lo ocurrido, se les informe de por qué sus propiedades fueron vendidas sin su consentimiento y presenten las correspondientes alegaciones para que les sean restituidas en su totalidad o se les ofrezca a cambio una contraprestación.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Compensación, Jerónimo Delgado, imputado por apropiación indebida dentro de una de las piezas separadas del caso de Las Teresitas ha dirigido un escrito al Ayuntamiento comunicándole que se niega a convocar esta reunión. Por ello, la Gerencia de Urbanismo ha pedido al TSJC que tome cartas en el asunto. En estos momentos la Junta está compuesta por el Ayuntamiento, ILT y la empresa Desurcic integrada por ILT y la aseguradora Mapfre, a parte de algún propietario más. A esta reunión acudirán los vecinos de Montaña Morera como invitados ya que formalmente no pertenecen a la Junta. Se da además la circunstancia de que el cargo de presidente está ya caducado desde hace varios años.