SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)
Las estadísticas realizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias se han realizado en los últimos 20 años en función del criterio del Gobierno “apreciada urgencia o necesidad”, ya que el archipiélago no cuenta con el Plan Estadístico recogido en la Ley 1/1991 de Estadística.
Así se desprende de las conclusiones recogidas en el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias acerca del Anteproyecto de Ley de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias. Según el documento la Comunidad se ha acogido al artículo 28 de la Ley 1/1991 por el cual el Ejecutivo podrá disponer estadísticas “apreciada urgencia o necesidad”.
El CES estima que la aprobación del Plan Estadístico debe estar sujeta al Parlamento de Canarias, ya que estima que ello “facilitaría el consenso en torno al mismo”. Por ello propone que el anteproyecto de Ley debería prever que se pueda “habilitar mecanismos que permitan a la Comunidad dotarse de una programación estadística ante la eventual posibilidad de que desde el Parlamento no se habilitara finalmente el Plan”.
Asimismo el órgano es muy crítico con el Ejecutivo y admite no entender el retraso en la tramitación de este nuevo texto ya que tras la finalización de los pasos administrativos en junio de 2010 la remisión al CES se realizó un año después y coincidiendo con el final de la legislatura.
A pesar de esto, la institución defiende la potenciación de la actividad estadística y estima que “ha de perseguir el triple objetivo de, aportar datos suficientes y fiables, de índole económico, demográfico y social, para la ”gestión de gobierno“ y el proceso de diseño e implementación de las políticas públicas, además el de la necesaria coordinación de los agentes, servicios e instrumentos públicos que intervienen en los procesos de producción estadística y, finalmente, el de cumplir con el deber de puesta a disposición del conjunto de la sociedad de los datos estadísticos que reflejen su realidad y faciliten su desarrollo económico y la cohesión social”.
En esta línea, el CES expone que el adecuado conocimiento de la realidad se constituye así en un aspecto “imprescindible” para los procesos de toma de decisiones públicos y privados. Recuerda aquí la actual situación económica y aboga por establecer prioridades. Aquí destaca las investigaciones en materia de educación, sanidad y turismo, “que habrán de ser de atención preferente”.