Al Gobierno que preside Fernando Clavijo le encantan los grupos de trabajo y la elaboración de estudios. Ya sea para elaborar la nueva Ley del Territorio o para hacer un diagnóstico serio y riguroso sobre la pobreza y exclusión social en Canarias. Comités de sabios que, como poco, retrasarán un par de años la toma de decisiones sobre problemas complejos y acuciantes, como al que se enfrentan también los residentes en zonas turísticas, con San Bartolomé de Tirajana como ejemplo paradigmático.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Teresa Lorenzo, ha anunciado en una comparecencia pedida por el Grupo Popular que pese a “pensar en las personas y no solo en el territorio”, hay que elaborar “un estudio para poder delimitar y acotar el problema”.
Eso sí, con “mucho diálogo” y “trabajando codo con codo” con los afectados para poder defender su derecho a habitar en zonas turísticas, descartando la “confrontación” como única fórmula para abordar “una situación compleja que no se va a solucionar de la noche a la mañana”.
Una línea de actuación que ha sido defendida por Rosa Cabrera, del Grupo Socialista, que ha considerado imprescindible concretar la delimitación entre las zonas turísticas y residenciales y llevar a cabo un “control estricto” de la residencialización, mientras que el nacionalista Pablo Rodríguez, dijo que solo con el diálogo se acabará con la “alarma” causada por la “mucha desinformación”.
Lorenzo ha reconocido en una comparecencia solicitada por el Grupo Popular que la residencialización de las zonas turísticas se debe a la “obsolescencia” de los destinos maduros y que no es descartable reconvertir de forma definitiva una zona turística en residencial, pero advirtiendo que ello no será la norma general.
Según Lorenzo, cada núcleo tiene características singulares que hay que analizar por si es necesario, desde el “consenso”, proceder a la revisión de las vigentes normativas porque “nada es inamovible y estamos dispuestos a escuchar a todas las partes”.
Algo de lo que, según el portavoz del Grupo Popular en la materia, Miguel Jorge, no ha hecho el Gobierno regional, pues la empresa pública Gesplan “la ha liado” en el Plan General de Ordenación de San Bartolomé por haberlo “redactado en un despacho y no escuchando a la calle”.
La cúspide de los derechos del ser humano
Y aunque puso como ejemplo al municipio grancanario, ha recordado que al mismo le han seguido municipios como Puerto de la Cruz, Corralejo o Puerto del Carmen porque, en su opinión, las normas turísticas no han sabido conciliarse con “el derecho a la propiedad, que es la cúspide de los derechos del ser humano”.
Con todo, ha reconocido que no es fácil resolver un problema que afecta a las propiedades de miles de ciudadanos en distintos escenarios: desde complejos donde conviven turistas y residentes hasta multipropiedades o alquileres en entornos que no están adaptados a las demandas residenciales.
Para el líder de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, “el problema se veía venir” porque la separación entre suelo turístico y residencial de la actual norma deja mucho que desear“ y, al igual que el PP, criticó que Gesplan ha hecho un planeamiento ”en los despachos“.
Por ello, ha abogado por “cambiar el suelo al completo a residencial en aquellas zonas donde sea imposible que convivan los dos usos”.
Más radical fue la portavoz de Podemos, Asunción Delgado, que pidió al Gobierno que adopte medidas para acabar con los monopolios de las grandes cadenas hoteleras, que no crean empleo, en vez de cargar contra los residentes, a quienes habrá que otorgar “incentivos para que renueven sus casas en vez de echarlos de ellas”.
Rosa Cabrera, del Grupo Socialista, ha pedido fijar criterios concretos entre las zonas turísticas y residenciales, y ha remarcado que es un “desafío” orientar la residencialización, por lo que ha pedido un “control estricto” del Ejecutivo.
Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista, ha dicho que hay “bastante alarma” y “mucha desinformación”, especialmente en San Bartolomé de Tirajana, y ha agradecido la oferta de “diálogo” de la consejera con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento.
Ha pedido “todos los esfuerzos” para buscar soluciones ya que está “sobre la mesa” el destino turístico.