El nuevo decreto estatal sobre vivienda pretende aportar medidas que protejan a los inquilinos y dar una respuesta al problema de acceso a este mercado por la subida desorbitada de precios. Una situación que se ha complicado en los últimos años por la demanda de alquileres ante las dificultades que presenta el mercado laboral para firmar una hipoteca y por otros factores como la vivienda vacacional. Este último se pone de manifiesto en el mismo decreto de Pedro Sánchez publicado en el BOE hace unos días y que sitúa a las dos provincias canarias entre las comunidades donde más se ha incrementado el precio de los inmuebles por esta causa y las pone en la misma línea que otras como Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares. Entre las medidas del Gobierno estatal destaca la necesidad de prolongar los contratos de alquiler a cinco o siete años, limitar la elevación de los precios de la vivienda a precios reducidos solo por el IPC o paliar el déficit de vivienda social.
En el caso de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, el problema de la vivienda se ha acentuado ante la falta de plan autonómico en esta materia. El último es de hace seis años y este 2018 se despide sin que el Gobierno cumpla su compromiso de aprobar uno nuevo, que sigue en tramitación. Tampoco se han tomado medidas urgentes en esta materia por parte de la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, en manos de Cristina Valido (CC), que ha sido reprobada en el Parlamento de Canarias por su gestión de la Ley de dependencia principalmente y los elevados datos de pobreza. En el Archipiélago, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la tasa de personas en riesgo de exclusión social es de un 40%. Ante esta situación, el dato oficial de demandantes de vivienda pública es de 14.300 personas, aunque la oposición habla de cifras que superan las 30.000 familias, ya que ante la parálisis del parque público de vivienda (apenas se ha construido en los últimos años) los demandantes se dejan de inscribir. Tampoco ha sido capaz el Gobierno de agilizar las ayudas al alquiler, con fondos que vienen del Estado. La última convocatoria se publicó en pleno agosto, un mes complicado para la publicación de ayudas y para la administración pública, en pleno periodo estival y con menos personal.
Con este panorama, el precio de los alquileres no ha parado de dispararse. Según distintos estudios, en Las Palmas, por ejemplo, alquilar una vivienda ronda los 700 euros. En islas como Lanzarote se ha acentuado el problema y se ha convertido en misión imposible. El mercado laboral tampoco ayuda a Canarias, que se ha ido recuperando en creación de empleo, pero de muy baja calidad, lo que hace que ya no se piense en comprometerse con una hipoteca. La incapacidad de ahorro es otro factor que frena.
Ante la falta de políticas autonómicas que animen la posibilidad de entrar en el mercado de la vivienda, la falta de regulación del alquiler vacacional ha terminado por complicar doblemente el problema. La Consejería de Turismo sí que ha intentado impulsar un decreto, que aún continúa en período de alegaciones, cuya medida principal es que se prohíbe el alquiler vacacional en zonas turísticas. Precisamente, que sea esta consejería la que lo impulse lo enfoca más hacia el turismo que al problema de la vivienda en Canarias. Una de las críticas más duras que ha recibido en el período de alegaciones es la de la Plataforma Canarias Territorio Sostenible, que considera que la “prevalencia de la libertad de empresa sobre el derecho a la vivienda digna incumple la Constitución”. El Gobierno de Canarias tiene precedentes con otros decretos en este sentido que han sido tumbados por la justicia, por lo que hay expertos que estiman que el nuevo intento de regulación pueda tener solo unos meses de vida. De hecho, este mismo sábado se conocía una sentencia del Supremo que anulaba la decisión del Ejecutivo de CC de prohibir la vivienda vacacional en zonas turísticas al entender que la medida se impulsa para favorecer a las cadenas hoteleras.
Según un reciente estudio del Ejecutivo regional, actualmente hay 131.032 camas de vivienda vacacional en Canarias, un dato que es difícil de medir con exactitud por la magnitud del problema, dado que hay un porcentaje que lo hace de manera irregular. En la capital grancanaria se han celebrado varias protestas por la falta de regulación y las facilidades con las que se incumplen las normas, lo que ha conllevado a la gentrificación de algunas zonas, como es el caso de Guanarteme.
El nuevo decreto estatal en materia de vivienda especifica que, a partir de ahora, deberán ser “comercializadas o promocionadas en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial turística”. Además, para que las comunidades de propietarios puedan adaptar las viviendas al alquiler turístico, “se requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”.
Otro de los puntos destacados en el nuevo decreto es el incremento, de nuevo, del número de desahucios en España en los últimos años. Canarias no queda exenta de este incremento, que se percibe en un 7,9 % más. Entre las medidas del PSOE para estas situaciones destaca que quedarán paralizados los lanzamientos hasta que se adopten medidas por parte de los servicios sociales competentes en el caso de personas en riesgo de exclusión. Un caso que hizo saltar las alarmas en Canarias es el de las viviendas de Añaza. El Gobierno regional está negociando comprar 358 casas de este barrio de Santa Cruz de Tenerife ante la amenaza de desahucio del Banco Santander. El Ejecutivo regional se encuentra haciendo un estudio de estas viviendas, tasándolas y negociando con el banco, algo que genera dudas jurídicas por no someter a concurso público la adquisición de viviendas para su parque. Para ello, CC ha fichado a la activista antideshaucios Inma Évora, para que medie entre los vecinos y la Administración Pública.
El año finaliza con soluciones estatales al problema de la vivienda, pero no autonómicas. El parque de vivienda pública apenas se ha incrementado en los últimos años, no se han resuelto las ayudas, no se han tomado medidas para limitar los precios, el plan y el decreto de vivienda turística sigue sin estar acabado y, por tanto, sin una estrategia clara.