El Tribunal Supremo (TS) ha dicho su última palabra sobre el largo contencioso que pendía sobre la cabeza de dos exconsejero del Cabildo palmero, José Izquierdo y Luis Viña, en este último caso exvicepresidente de la corporación insular. Para ambos la Fiscalía pedía penas que sumaban cinco años y medio de prisión y siete de inhabilitación por haber presuntamente cometido un delito de prevaricación medioambiental y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En una reciente sentencia, sin embargo, el Alto Tribunal considera que ambas acusaciones no han sido demostradas, con lo cual quedan ya libre de toda sospecha. El Supremo avala así la sentencia anterior de la Audiencia Provincial en la que se descartaba la responsabilidad de los cargos públicos y de un empresario en un hipotético peligro de contaminación en la zona de Hoya de la Higuera en Mazo.
“No se trata tanto de que no se hubiera probado que hubo contaminación, ni siquiera indiciariamente, sino que en realidad lo que no se probó fue que esas posibles irregularidades en la gestión de residuos, tales como escapes de vertidos o quemas, tengan la potencialidad para afectar gravemente a los sistemas naturales. En definitiva, que no sólo no se acreditó que se contaminara, sino que lo que pudiera parecer contaminante fuera grave desde el punto de vista de la afectación del equilibrio medioambiental”, sentenció la Audiencia.
En su primer fallo judicial ya se descartó, por falta de pruebas, los siguientes elementos: primeramente, que se contaminara; en segundo lugar, que en su caso tal contaminación tuviera relación con cualquier tipo de afectación al equilibrio medioambiental; y finalmente, negó su potencialidad como grave atentado a los sistemas naturales. En esta absolución tuvo que ver también, según se reflejó en un informe de la Guardia Civil, el alto coste que hubiese supuesto llevar a cabo pruebas para comprobar que realmente hubo un efecto contaminante en el suelo, ya que éste se hubiera localizado a bastante profundidad.
Las instalaciones de Hoya de la Higuera abarcaban unos 15.000 metros cuadrados, de los que a la fecha de los hechos sólo unos 2.500 metros cuadrados disponían de pavimento impermeable.
Sin autorización
Desde un principio a ambos ex altos cargos de Coalición Canaria (CC) en el Cabildo se les acusó de haber permitido que se utilizara un terreno de propiedad de la institución insular para desarrollar una actividad de almacenamiento, gestión, descontaminación, vertidos, desguace, prensado y eliminación de diversos residuos, entre ellos de algunos considerados como peligrosos.
La Fiscalía mantuvo que tal actividad habría sido realizada por la corporación insular “de manera continua, sin amparo en autorización alguna, incumpliendo de manera sistemática las determinaciones legales de gestión y manejo en materia de residuos peligrosos”. Además, esta actividad se realizó, según la Fiscalía, “a sabiendas de que el suelo en que se asentaban tales actuaciones, conforme al planeamiento vigente, estaba clasificado como rústico de protección forestal”.
La gestión era llevada a cabo por la empresa Pérez y Garnier SL, cuyo administrador, A. P. P., también estuvo imputado aunque en esta ocasión por el presunto delito contra los recursos naturales y del medio ambiente, pero no por el de prevaricación. Además se exigía la responsabilidad civil subsidiaria a esta empresa y al Cabildo palmero.
Pérez y Garnier SL se encargaba de la descontaminación de vehículos. Ahora todos ellos han quedado libres de cualquier tipo de cargo pese a los contundentes informes que en su momento elaboró el Seprona y la Agencia para la Protección del Medio Natural y Urbano (APMUN) tras la denuncia presentada por la Asociación Canaria de Desguaces (Ascade).