El Juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria emitió el pasado 22 de julio una diligencia en la que advierte a “la autoridad o empleado responsable” de la Dirección General de relaciones con la Administración de justicia del Gobierno de Canarias con imponerle una multa de entre 300 a 1.200 euros si no remite a ese Juzgado el expediente administrativo incoado al forense Jorge Suárez, suspendido recientemente de empleo y sueldo durante cuatro y años y medio.
La advertencia lega después de que se haya pasado “con exceso” el plazo concedido a la Administración para remitir ese expediente y es la segunda de este tipo que emite el Juzgado. El expediente al que se refiere se inició en el año 2012 y se resolvió en enero de este año, suspendiendo en un primer momento al forense sólo de funciones durante seis meses. Es esa decisión la que recurrió Suárez ante la Justicia ordinaria a en el primer trimestre de este año y el Gobierno aún no ha remitido el expediente.
Tras esa sanción cautelar el Gobierno decidió sancionar de empleo y sueldo a Suárez por una falta grave y otra muy, que le forense niega. La resolución también se hizo en contra del criterio de otro Juzgado, que había solicitado a esa Dirección general que suspendiera el expediente hasta que se aclarara el asunto en la vía judicial. El Gobierno decidió no suspender y seguir adelante con el expediente.
Al doctor Suárez se le abrió un expediente a raíz de la denuncia de un compañero, el doctor Jesús Esparza, basada inicialmente en la grabación de un cadáver al que Suárez le había hecho la autopsia. La defensa del doctor Suárez considera que esa grabación es ilegal y viola la intimidad del fallecido, de nacionalidad británica. Esa denuncia fue el germen de lo que se convierte en un expediente que cuestiona toda la labor profesional del doctor Suárez, que trabaja en los Juzgados de Arrecife desde hace nueve años.