El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC)-XTF, José Manuel Corrales, ha presentado una enmienda a los presupuestos de Santa Cruz de Tenerife para el próximo año en la que exige que la Autoridad Portuaria pague los 6,8 millones de euros que adeuda en concepto del impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) desde 2008. Además, el concejal considera que en vez de perdonarle parte de la deuda al organismo estatal, tal y como ha negociado el Ayuntamiento, ésta se pague “con intereses”.
En sentido parecido se ha posicionado el concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, quien ha pedido que una partida de 600.000 euros que iría dirigida gastos sociales de primera necesidad se sufrague precisamente con el IBI que queda pendiente de cobrarle a Puertos, al menos, del ejercicio de 2008 que fue cuando experimentó una mayor subida. De hecho, el concejal cree que en vez de avanzar en la línea de bajarle la contribución a estas grandes empresas apuesta por incrementarla en un 175% y bonificar con un 75% sólo a aquellas que no contaminen.
Ambos concejales del grupo mixto se muestran críticos hacia la posición del grupo de gobierno encabezado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, que ha atendido las demandas de la Autoridad Portuaria y finalmente ha accedido a que ésta abone 2,5 millones, menos de la mitad de lo que en principio se había calculado, entre 2008 y 2012 de manera que en la actualidad sólo restaría ya por pagar alrededor de 200.000 euros.
Sin embargo, Corrales y Guigou recuerdan que una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha ratificado la valoración del suelo propiedad de Puertos sobre la que la Corporación local en 2008, siendo concejal de Hacienda, Ángel Llanos aplicó el coeficiente más alto que suma un 1,4%. Todo ello implicaba un desembolso anual de alrededor de 1,7 millones de euros que según el propio presidente de Puertos, Pedro Rodríguez Zaragoza, se venía exigiendo hasta el año pasado. Sin embargo, Bermúdez ha atendido la petición del este organismo para rebajarla notablemente al entender que el desembolso al que tendría que hacer frente Puertos en la provincia pondría a la entidad en una situación económica muy complicada. Hay que recordar que tan sólo en Valverde los tribunales avalaron que el canon a pagar rondara los 600.000 euros anuales.
Lo que no ha quedado del todo claro son las contrapartidas que la ciudad tendrá a cambio. En principio Bermúdez había hablado de llegar a un entendimiento para que la Autoridad Portuaria se mostrara más receptiva a la apertura del mayor número de espacios de su propiedad al uso ciudadano, como ocurre con la Dársena de Los Llanos. Un paso que con toda seguridad se dará pero al menos dentro de una década cuando este suelo deje de tener uso estrictamente portuario. De lo contrario sería inviable que cualquier negocio particular pudiese abonar las altas tasas que implica radicarse en estos solares y que en el caso de la Dársena de los Llanos puede llegar a los 6 millones de euros anuales, tan sólo por los 50.000 metros cuadrados de la estación de La Candelaria. En este espacio el alcalde quiere construir una marina al estilo de la que existe en Barcelona llamada Maremágnum.