“Se han llevado documentos del expediente para poder denunciarme”. Así de tajante se ha mostrado este lunes Ildefonso Jiménez (NC), exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, en la apertura del juicio oral por el denominado caso Los Alisios, en el que se le juzga por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística en la concesión del reconocimiento final de obra y las cédulas de habitabilidad a 4 viviendas en La Garita, entre ellas la del exsenador José Mendoza, con un supuesto informe desfavorable.
En su declaración ante Mónica Oliva, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Jiménez sostuvo que firmó las licencias tras leer una propuesta de resolución del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, en la que “hacía referencia a informes favorables” que, sin embargo, no obran en el expediente ni en la copia cotejada que los denunciantes, el grupo de Gobierno de Ciuca y PP, entregaron en los juzgados en 2006.
Al inicio de la vista, la defensa de Jiménez solicitó la suspensión del juicio al considerar “determinante” en la causa la resolución de otro procedimiento por el que está imputado José Luis Mena y que se refiere a la presunta falsificación de un informe desfavorable relacionado con el caso Los Alisios. Dos pruebas periciales, una de ellas de la Guardia Civil, refrendaron en la fase de instrucción los argumentos esgrimidos por la defensa, que mantiene que el informe no fue firmado en 2002, como dice Mena, sino que fue incorporado al expediente en 2005.
Tras rechazar la petición de la defensa para “no dilatar el proceso”, la juez dio por iniciada la vista oral, que en su primera sesión se prolongó durante cinco horas con las testificales de los acusados, Ildefonso Jiménez y su asesor Juan Manuel Cabrera, y de cuatro testigos: Guillermo Reyes, José Luis Mena y los funcionarios Emilio Hernández e Isabel Roldán.
Jiménez explicó que el volumen de expedientes que se tramitaban en Urbanismo en la fecha a la que hacen referencia los hechos ?entre 2001 y 2002- era muy abultado y que la firma de las licencias dependía de que los informes que mencionaba la propuesta de resolución fueran positivos y de que ''no hubiera algún aviso de que se estuviera cometiendo alguna irregularidad“. ''Es imposible revisar el expediente completo”, añadió el actual portavoz de NC en el consistorio, que aseguró creer “a pies juntillas” en el trabajo de los técnicos de la administración.
Además, señaló a pregunta de su abogado que fue Mena quien dio la orden de foliar los expedientes “meses antes de presentar la denuncia”.
''Había un informe desfavorable y era ilegalizable''
El jefe de Urbanismo, por su parte, negó que firmara una propuesta de resolución favorable a la concesión de la licencia. ''Es imposible porque había un informe desfavorable“, aseveró Mena, que ha intentado implicar a Juan Manuel Cabrera, quien, afirmó, ”ejercía una labor fiscalizadora de todos los expedientes antes de que llegaran al concejal“. Respecto a este punto, tanto Jiménez como Cabrera habían declarado con anterioridad que el segundo solo intervenía en aquellos expedientes que eran competencia de pleno.
Tanto Mena como Guillermo Reyes testificaron que tuvieron conocimiento del expediente después de que uno de los interesados se acercara al Ayuntamiento a solicitar una copia de la cédula de habitabilidad. ''Fue un auxiliar quien se dio cuenta de que el expediente había sido archivado con deficiencias. Había un informe desfavorable y era ilegalizable. Había que demoler“, sentenció el jefe de Urbanismo.
Emilio Hernández fue el técnico que elaboró en el año 2001 un informe desfavorable a la concesión de las licencias por exceso de edificabilidad e incumplimiento de la normativa municipal. Hernández relató en el juicio que su labor en este caso finalizó con dicho informe, hasta la solicitud de reconocimiento final de obra, y dijo desconocer si hubo posteriormente un informe posterior favorable de otro técnico, aunque advirtió que “no cabía” en este proceso porque “la vivienda era ilegalizable y tenía que demolerse”.
El abogado de la defensa intervino durante el interrogatorio al técnico para hacer constar que en el expediente había un vacío documental entre septiembre de 2001 y noviembre de 2004, sin que existiera el preceptivo acuse de recibo del interesado para que pudiera alegar o el traslado del informe desfavorable a los interesados, lo que fue corroborado por Hernández.
El momento más tenso de la primera jornada del juicio oral del caso Los Alisios llegó con la declaración de la funcionaria Isabel Roldán. Visiblemente nerviosa, la que fuera auxiliar administrativa del departamento de Planeamiento en aquella época acusó a Mena de anticiparle que los informes técnicos eran favorables “cuando no lo eran” para que fuera elaborando los jurídicos. ''Cuando había un informe desfavorable, no se comprometía“, apostilló Roldán, que asegura que recibió la orden del jefe de Urbanismo de no transcribir en las propuestas de resolución los informes técnicos.
El juicio continúa este martes con la declaración de nuevos testigos del Ministerio Fiscal, quien, en su calificación final, solicitó una pena de un año y seis meses de cárcel para Ildefonso Jiménez y la inhabilitación especial para el ejercicio público o cargo público por un tiempo de 10 años.