Denuncian la demora de “más de dos años” en la tramitación de expedientes
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)
Familiares de aproximadamente 2.000 enfermos de Alzheimer en Gran Canaria estudian llevar al Gobierno regional a los tribunales al no haber recibido la ayuda que aseguran que les corresponde contemplada en la Ley de Dependencia.
Así lo informó a Europa Press la portavoz de los familiares, Josefa Afonso, que, acompañada por otros representantes y tutores, presentó una reclamación en la Consejería regional de Sanidad y en el Diputado del Común en la capital grancanaria.
De este modo, rechazan la situación de los mayores enfermos que actualmente están como usuarios de día en los centros de Alzheimer Canarias. Critican la “tardanza” del Gobierno regional en tramitar los expedientes para acceder a las correspondientes ayudas que contempla la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central y resaltaron que en algunos casos la demora es de “más de dos años”.
De ahí que piden el “amparo” del Diputado del Común para que el Ejecutivo autonómico “tramite de una vez estos expedientes y así los perjudicados pasen a recibir esa ayuda tan necesaria en la mayoría de los casos”.
“LO MÁS ADECUADO”
Asimismo, quisieron hacer “notorio que en gran parte de los casos presentados ya se les ha reconocido el grado y nivel de dependencia, pero no han sido iniciados los Planes Individualizados de Atención (PIA), que recoge la citada ley y que permiten que sea la familia la que decida lo más adecuado para su enfermo”.
“Queremos hacer público nuestro rechazo a la tardanza del Gobierno de Canarias en tramitar esas ayudas, que a veces llegan cuando nuestros mayores ya no están”, advierten.
Aseguran que esas ayudas son “una parte importante que para la economía de las familias llegan a hacerse imprescindibles para poder mantener a los mayores en el centro de día”. “No es dinero que vaya a nuestros bolsillos, sino que va directamente al centro donde estos enfermos acuden diariamente a recibir atención especializada”, insisten.
Josefa Afonso explicó que en “algunos” de los casos se solicitó la ayuda en 2007 y el Gobierno regional “contestó en su día que sí se concedía el grado máximo, pero de viva voz dice que como el centro tiene una subvención no se da la ayuda”.
“EN TENERIFE SE ESTÁN COBRANDO”
Sin embargo, según la portavoz de los familiares, “la Ley de Dependencia dice que cada familiar tiene derecho a decidir dónde y cuándo cobra la ayuda, es independiente que el centro tenga una ayuda”.
“Las ayudas dependen del grado del enfermo y del dinero que tenga el Gobierno de Canarias que en este caso debe ser cero porque no da ayuda ninguna, sí sabemos que en Tenerife se están cobrando, es ahí donde se agarra el Gobierno de Canarias para decir que se están dando ayudas a la dependencia en las islas”, añadió Afonso.
Destacó que Canarias es la Comunidad Autónoma “más atrasada de España” en la aplicación de la ley. “Es un porcentaje bajísimo el que la cobra”, comentó.
De ahí que reclamó la mediación del Diputado del Común ante “la callada por respuesta” de la administración regional a sus solicitudes.
La portavoz dijo que los familiares están “planteando ir a los tribunales si esto sigue adelante”. “Son personas muy dependientes, esta enfermedad en muchos casos deriva en una agresividad o en el no reconocimiento de familiares ni del entorno y hay que estar muy pendientes de ellos porque son inhábiles para todos”, justificó.