Este jueves se cumple un año del inicio de la instrucción judicial de la operación Faycán que supuso supuesto la dimisión de los concejales electos del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde, la detención de 26 personas y la paralización total del Ayuntamiento de la cuarta ciudad más poblada de Canarias.
Trescientos sesenta y cinco días después del inicio de la primera fase del denominado caso Faycán con la detención de la entonces concejala de Obras Públicas y Contratación, María Antonia Torres, la trama sigue investigándose y su instrucción permanece bajo secreto de sumario.
El caso Faycán se inició el 4 de julio de 2005 con la denuncia de una empresaria teldense contra el grupo de gobierno del Ayuntamiento por el supuesto cobro del 20% de comisión para la realización de unas obras. Esta reclamación provocó siete meses más tarde las primeras detenciones en Telde.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde, Javier García, comenzó el proceso judicial con la incoación de las diligencias previas 874/05, en virtud de las cuales se investigaron diferentes irregularidades en la gestión municipal de las concejalías teldenses de Obras Públicas, Contratación, Vivienda y Solidaridad. Este hecho provocó que el 1 de marzo de 2006 se procediese a la detención de la concejala del Partido Popular María Antonia Torres, que permaneció 62 días en prisión y tuvo que pagar una fianza de 100.000 euros por su libertad, aunque el juez García mantuvo los cargos que se le imputaban.
El mismo día de la detención de la concejala popular también se detuvo a su asesor, Francisco Gordillo que estuvo en prisión hasta el 21 de abril y tuvo que abonar una fianza de 40.000 euros; junto con su hijo, el marido de Torres, Enrique Orts, Antonio Nadal (de la empresa Cobra) y un empresario de una ferretería teldense.
Empresarios
Seis días más tarde se detuvo a Milagrosa Carmen Ramos, secretaria de la Mesa de Contratación del Consistorio, acusada de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, así como al administrador de Mazotti, Alejandro Navarro (que pagó por su libertad 60.000 euros); a Pedro Antonio Betancor, de Cementos Las Torres (60.000 euros de fianza) y a Jorge Rodríguez, técnico municipal que abonó por su libertad 20.000 euros. El titular del juzgado que instruye el caso mantuvo los cargos de todos los detenidos.
Cuando se pensaba que no se iban a producir nuevos avances en la investigación, y tras la petición de la dimisión del alcalde por grupos vecinales y políticos, se procedió a la detención de Abelardo Martínez Ripoll, de la empresa Dragados, acusado de cohecho y falsedad en documento público; así como del técnico municipal Esteban Cabrera Guerra; y a Juan Felipe Martín, funcionario del negociado del Ayuntamiento, ambos acusados de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, que salieron con cargos pero sin fianza.
El mismo día, Ángel Omar Suárez, gerente de Planos, Gestión y Construcción, pagó 20.000 euros de fianza tras su captura y acusación por cohecho y tráfico de influencias.
La detención de Laly Sánchez, concejala de AFV-Ciuca, acusada de prevaricación tráfico de influencias y cohecho, a la salida del hospital Negrín cuando visitaba a un familiar, el 25 de abril, causó la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento teldense tras la petición de expulsión por parte de su partido. Junto a la de Antonia Torres, la mayor fianza que se ha pagado durante la operación Faycán (100.000 euros) la ostenta Candelaria Sánchez, aunque luego se le rebajó a 30.000 euros.
El 26 de abril, se vieron involucrados en el polémico caso de presunto pago de comisiones, el gerente de Urvitel Juan Carlos Saavedra; Guadalupe López, concejala de Festejos (acusada de malversación de caudales), y su marido Salvador Santana. En este punto, el caso se derivaba hacia actuaciones irregulares del departamento de Festejos, basándose en informaciones obtenidas durante la tramitación de Faycán.
El penúltimo paso de la operación la dio el juez el 7 de noviembre cuando por su orden se llevó a cabo la detención del alcalde Francisco Valido y los concejales María del Carmen Castellano, Carmelo Oliva, José Suárez, Sonsoles Martín y Domingo Ramírez, todos acusados de presunto cohecho. Además, la hija de María Antonia Torres, la primera concejal del PP detenida por el caso Faycán, María Eugenia Fernández Torres por un supuesto delito de blanqueo de capital.
El regidor y los cinco ediles, suspendidos cautelarmente de militancia por el PP, quedaron en libertad provisional con cargos bajo fianzas que oscilan entre 60.000 y 90.000 euros tras prestar declaración ante el juez Javier García y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río.
Valido y estos cinco concejales del PP terminarían renunciando a sus cargos en un pleno extraordinario que se celebró el 24 de noviembre, sesión en la que tomaron posesión el nuevo alcalde Francisco Santana, también del PP, y los ediles populares que venían ocupar las plazas vacantes dejadas por sus compañeros imputados.
El último episodio se registro el pasado 18 de diciembre. Ese día era detenido el presidente del PP en el municipio grancanario de Telde, José Luis Sánchez González. Con su arresto se cerraba por ahora el número de imputados que se eleva a 26 personas. A Sánchez, el juez le imputó los delitos de malversación de caudales públicos y revelación de secretos y le impuso una fianza de 80.000 euros. El nuevo detenido fue nombrado presidente del PP a raíz de la dimisión el pasado 24 noviembre de su anterior responsable, la ex edil María del Carmen Castellano, quien renunció al cargo por su imputación en la trama como presunta autora de los delitos de malversación de caudales públicos y cohecho.
La detención de Sánchez se produjo a los pocos días de la proclamación de Santana, el único concejal del PP no imputado en el caso Faycán, como nuevo alcalde de Telde con los votos de la ex concejala de Obras Publicas María Antonia Torres y la ex edil de Aguas Candelaria Sánchez, ambas imputadas en esta presunta trama de corrupción y del PP, así como con el apoyo de AFV y Ciuca.
Se sospecha que todas las actuaciones en marcha apuntan al descubrimiento de una presunta trama urdida por todo el grupo municipal para cobrar las comisiones de las obras del Ayuntamiento, aunque será con el levantamiento del secreto sumarial cuando se desvele el contenido de toda la investigación y de la intervención de llamadas a los representantes políticos y empresariales implicados.
El volumen de las fianzas que han pagado el alcalde de Telde y los concejales del grupo de Gobierno de Telde imputados en el caso Faycán asciende a 620.000 euros, más de 100 millones de las antiguas pesetas. A esta cantidad hay que sumarle las fianzas que han tenido que depositar los empresarios, funcionarios y cargos de confianza que también se han visto implicados en la trama. La suma total supera el millón de euros.
Imputaciones
Al menos 21 de las 26 personas detenidas hasta la fecha dentro del marco de la operación Faycán tienen en común la circunstancia de que comparten, dentro de los delitos que se les imputan, el cargo de cohecho (soborno), según se desprende de un repaso pormenorizado de las resoluciones judiciales dictadas por el magistrado Francisco Javier García tras tomar declaración a todos los que, hasta la fecha, han sido arrestados a raíz de la investigación pergeñada por una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde.
Esta cifra, que se corresponde con un porcentaje ligeramente superior al 80% del total de implicados, deja bien a las claras que el núcleo central de la investigación abierta por el juez y la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía ha centrado sus miras en la supuesta exigencia y aceptación de comisiones ilegales entre cargos públicos y empresarios, aunque las pesquisas efectuadas desde marzo hasta la pasada semana también han terminado por demostrar, tal y como ha insinuado García en sus distintas prórrogas, que el “grado de implicación de las conductas delictivas” es bastante amplio.
En el ranking de imputaciones, la que se sitúa en segundo lugar es la de tráfico de influencias, impuesta a 16 detenidos (61%), al tiempo que la de prevaricación (nueve casos, 35%) completa las tres primeras posiciones. El instructor del caso también ha mencionado en sus escritos la supuesta comisión de otros seis delitos más: malversación de caudales públicos, revelación de secretos, falsificación de documentos públicos, maquinación para alterar el precio de las cosas, estafa y blanqueo de capitales.
El abanico de acciones punitivas se ha ido diversificando conforme iban apareciendo nuevas líneas de ramificación tejidas, aparentemente, en torno a la gestión de la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda del Consistorio, María Antonia Torres González, quien encabeza dos de las clasificaciones elaboradas en torno al caso: la de número de imputaciones -acumula un total de cinco, situándose en cabeza en solitario- y la de la fianza más alta, con 100.000 euros.