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FCC y sindicatos pactan los servicios mínimos de la huelga de limpieza de playas

La empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), adjudicataria del servicio de Limpieza de Playas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acordó este lunes con los representantes sindicales el inicio de la mediación en la huelga que los trabajadores mantienen desde hace varios días a cargo del Tribunal Laboral Canario. Además, las partes han vuelto a fijar los servicios mínimos, después de que el gobierno local propiciara este fin de semana una actuación de choque para acondicionar las cinco zonas de baño de la ciudad: Las Canteras, El Confital, Las Alcaravaneras, San Cristóbal y La Laja.

Según los trabajadores, este acuerdo sobre los servicios mínmos “ya estaba pactado”, si bien FCC, asegura Antonio Rodríguez, portavoz sindical, pretendía forzar nuevos turnos para mitigar los efectos del conflicto. De hecho, en la parte laboral hay cierto malestar con el Ayuntamiento, que a pesar de tener externalizado el servicio, puso a trabajar a 35 operarios de otro departamento de la concesionaria para realizar una limpieza de choque durante el fin de semana, algo que, dijo el representante del personal, “es ilegal”.

En todo caso, según Rodríguez, la reunión mantenida este lunes en el Ayuntamiento entre trabajadores y FCC “ha servido para que la empresa acepte la mediación del Tribunal Laboral Canario” en el conflicto, un proceso que se va a iniciar con toda probabilidad durante la jornada de este martes.

La limpieza de choque en las playas sucias por la huelga fue legal

El concejal de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, dijo este lunes que la limpieza de choque realizada este fin de semana en las playas de la ciudad fue una decisión legal, a pesar de que el servicio se encuentra en huelga y de que esa actuación no estaba incluida en los servicios mínimos pactados.

“Sólo exigimos a la empresa [FCC, adjudicataria del contrato] que cumpliera con el servicio y actuara donde había riesgo para la salud pública”, dijo Hernández, que subrayó que el personal contratado de forma extraordinaria por la adjudicataria se limitó a trabajar “escrupulosamente en los puntos que marcaba el informe donde se afectaba a la salubridad”.