El desastre natural que acontece en la isla de La Palma ha supuesto un freno sin precedentes a la vida económica de la isla. El bloqueo de carreteras, la destrucción de viviendas y terrenos de cultivo, la paralización del turismo o el cierre temporal del aeropuerto acarrearán unos costes económicos millonarios. Todo ello coetáneo al inicio de la recuperación tras la congelación absoluta del turismo como consecuencia de la crisis producida por la COVID-19.
Los datos históricos recogidos por la Universidad de La Laguna en el Informe de Investigación sobre los pilares de la economía isleña muestran que, en 2011, La Palma produjo más de 155.000 toneladas de productos agrícolas, de los cuales el 79% fueron plátanos. En términos de extensión, la isla cuenta con más de 7.000 hectáreas de cultivo, con una fuerte concentración (43%) en la producción de plátanos. A la vista de esta información, no es de extrañar que la imagen de un muchacho trabajando en las plataneras para salvar parte de la cosecha se haya convertido en unos de los iconos audiovisuales de la resiliencia de la población palmera.
Los daños generados por el volcán han impactado en gran parte de la producción, la lava ha sepultado cientos de hectáreas de cultivo y las cenizas han impregnado el suelo, dañando irremediablemente la fruta. Si bien puede vaticinarse un incremento de la actividad turística a raíz del interés que despierte uno de los acontecimientos geológicos más impresionantes de Europa, ¿qué ocurrirá con los agricultores y productores cuyos terrenos han sido arrasados por el magma o que han perdido gran parte de su producción?; ¿existe un apoyo específico dentro de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para este tipo de situaciones?
La PAC es, posiblemente, la política europea que mayor alcance tiene en el territorio canario. Los asuntos agrícolas y ganaderos son una competencia cuasi exclusiva de las instituciones europeas, lo que significa que toda legislación respecto este mercado emana de forma directa de la Unión. Actualmente, la PAC se divide en dos pilares: por un lado, la organización común de los mercados agrícolas y, por otro lado, la política de desarrollo rural. Este segundo pilar fue introducido en el marco de la reforma de la Agenda 2000, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo equilibrado en las zonas rurales. Además, la política de desarrollo rural contempla medidas para responder a los numerosos retos económicos, ambientales y sociales de nuestro siglo. En el aspecto de la financiación, los programas que se desarrollen bajo este segundo pilar están cofinanciados por los fondos de la UE, en particular por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por fondos regionales o nacionales.
¿Servirá el FEADER para apoyar la recuperación agrícola en La Palma?
La política de desarrollo rural contenida en el segundo pilar de la PAC depende de la elaboración por parte de los gobiernos nacionales y/o regionales de programas plurianuales, adaptados a las necesidades específicas del territorio. La ejecución de estos planes contempla una serie de medidas recogidas en el Reglamento de la UE sobre desarrollo rural y que, por ende, están sujetas a cofinanciación. Una de ellas señala la posibilidad de cofinanciar actuaciones destinadas a la reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes. Más aún, la legislación europea contempla un conjunto de herramientas para limitar el riesgo de los agricultores, entre ellas, el pago de primas del seguro de cosechas, animales y plantas y fondos mutuales en caso de incidentes medioambientales.
Además, el Reglamento Ómnibus, que entró en vigor en 2018, introdujo un nuevo instrumento de estabilización, destinado a la gestión de riesgos, para facilitar compensaciones a los agricultores en caso de disminución acusada de sus ingresos: si un agricultor ha perdido un 20% o más de sus ingresos, se puede activar este mecanismo.
Por lo tanto, si que existe una base legal para incluir a los agricultores damnificados por el volcán como grupo prioritario para recibir fondos destinados a la recuperación. Ahora bien, esto dependerá de la planificación estratégica de las administraciones regionales y nacionales, encargadas de elaborar el programa.