Los cabildos y los ayuntamientos no están dispuestos a aceptar con los ojos cerrados los medidas de choque aprobadas por el Ejecutivo para hacer frente a los recortes de los Presupuestos del Estado referidos a Canarias y que repercuten directamente a las corporaciones locales.
Así se lo han hecho saber a los consejeros de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, durante la hora de reunión que ambos han mantenido con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en la sede del Cabildo tinerfeño.
Al término de la reunión, el presidente de turno de la Fecai y del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, lo expresó con claridad: “necesitamos información, necesitamos tener garantías de que los datos que nos está dando el Gobierno son reales para no vernos en el próximo trimestre teniendo que hacer devoluciones”.
Para ello, las comisiones técnicas de los tres niveles de la Administración trabajarán contrarreloj con el fin de llegar a un acuerdo político el próximo miércoles, según ha confirmado Cabrera.
Sin cheque en blanco
Y es que las corporaciones locales están dispuestas a asumir sacrificios adicionales, pero no a suscribir un cheque en blanco: “queremos un informe de la Dirección General de Tributos diciendo que, efectivamente, las medidas que el Gobierno va a aplicar van a suponer los ingresos previstos”.
Solo en ese momento, cabildos y ayuntamientos estarían dispuestos a negociar que el reparto entre las administraciones de los nuevos ingresos derivados de la subida del IGIC sea diferente al establecido legalmente con carácter general para los impuestos del Régimen Económico y Fiscal (REF), pero siempre y cuando “se mantenga el fuero” y la nueva distribución sea “temporal”.
En la actualidad, el reparto es del 58% para cabildos y ayuntamientos y el 42% para el Gobierno de Canarias, pero tras los recortes del Estado, el gabinete pretendía que los ingresos adicionales derivados de la subida impositiva del IGIC acordada el sábado fueran íntegramente para la Comunidad Autónoma, para compensar los recortes en Sanidad y Educación del Gobierno de Mariano Rajoy.
Ese es el fuero que no están dispuestos a modificar legalmente, pero sí mediante un acuerdo político y siempre que sea con carácter temporal y sin que cabildos y ayuntamientos queden sin percibir ni un euro del incremento del IGIC, toda vez que las corporaciones locales también deben prestas servicios básicos.
La regla del juego
Cabrera insistió en que “no se pueden cambiar las reglas de juego”, aunque también aseguró que las corporaciones son “conscientes de las dificultades” por las que atraviesa el Gobierno de Canarias por el recorte de 800 euros del Ejecutivo central y la necesidad de cumplir los objetivos de déficit.
Por lo que respecta a la otra discrepancia de cabildos y ayuntamientos con el Ejecutivo canario, referida a la petición para que rebajen el sueldo en un 5% a sus empleados públicos, como va a hacer la la propia Comunidad Autónoma, los representantes de las administraciones insulares y locales puntualizaron que es un asunto que se está analizando y que las situaciones “no son homogéneas”.
Al respecto, el presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, dijo que algunos ayuntamientos y cabildos han realizado ajustes recientemente en los gastos de personal y que en esos casos “no caben nuevas bajadas”, por lo que hay analizar con detenimiento y corporación a corporación las distintas situaciones de las administraciones locales antes de asumir la rebaja del 5% de los salarios de los funcionarios.