Análisis

Feijóo, con dos meses de retraso

El acuerdo firmado este martes en Canarias entre Fernando Clavijo y Alberto Núñez Feijóo ha sido camuflado con todo tipo de añadidos para que no pareciera lo que es: un reconocimiento de que haber votado en contra de toma en consideración parlamentaria de  la modificación de la Ley de Extranjería fue un error cometido por el PP en plena histeria interna por exacerbar su xenofobia para no ceder territorio electoral a Vox.

Feijóo se desplazó a Canarias a restituir el honor político perdido por su barón regional, Manuel Domínguez, al que había dejado en pelotas después de que éste prestara su respaldo absoluto a la reforma legal que habían pactado Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres. Domínguez se ha comportado como un soldado leal, no solo asumiendo la humillación como parte de su fidelidad a la organización, sino abrazando sin despeinarse el prontuario popular para desacreditar lo que él mismo había acretidado y este martes ha vuelto a acreditar como si nada hubiera pasado.

Porque el acuerdo firmado entre Clavijo y Feijóo, que admite todo tipo de reservas sobre su validez institucional, lo que viene a decir es que hay que reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para producir una distribución de los menores migrantes que custodia Canarias en estos momentos entre las demás comunidades autónomas de acuerdo con unos criterios de saturación y de presupuestos que muy bien se pueden fijar durante la tramitación parlamentaria de esa reforma legal, que viene a ser lo mismo que se propuso por parte del PSOE hace dos meses cuando el PP se echó al monte.

Es verdad que, para vestir el muñeco, Clavijo se ha prestado ahora a firmar que se exijan más cosas, como un baremo de saturación de los recursos de cada comunidad autónoma, que de aplicarse tal cual se recoge en el documento estarían saturados al día siguiente de entrar en vigor la reforma de la Ley de Extranjería, y la garantía de recursos económicos por parte del Estado, lo que siempre se ha garantizado, como no podía ser de otra manera.

Para darle más grandilocuencia (inútil, pero grandilocuencia) al acuerdo firmado este martes con tanto boato, el PP le ha añadido (y Clavijo lo ha aceptado con su natural desparpajo) la reclamación de una intervención de la Unión Europea de modo y manera que los inmigrantes puedan ser derivados también a esos países. Por ejemplo, a Italia, con su Gobierno tan afín en estos momentos a los planteamientos políticos del Partido Popular sobre inmigración y al que se pone como ejemplo en el documento de país que ha sabido firmar acuerdos con países africanos para frenar los flujos migratorios.

Lo peor del documento es la parte que ha asumido sin despeinarse el presidente del Gobierno de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, que ha hecho suyos los planteamientos más reaccionarios del PP en materia de inmigración. 

Si ya fue elocuente el posicionamiento del lunes de la presidenta del Cabildo de Tenerife rechazando la apertura de más centros de acogida a menores migrantes en las islas con argumentos muy lejanos a la obligación humanitaria que su partido dice defender y muy cercanos a la xenofobia, la firma de Clavijo estampada bajo expresiones como “descontrol migratorio”, “emergencia nacional”, “efecto llamada”, “control policial”, activar al Ministerio de Defensa… confirma los peores presagios acerca de la vocación que inspira a Coalición Canaria en su cruzada contra la inmigración africana.

Para colmo, el presidente de Canarias ha asumido exigencias como “frenar el flujo descontrolado por los aeropuertos, especialmente los de Barajas y El Prat” de Llobregat, lo que confirma que se prestó a un acto propagandístico del PP en una sede oficial de la Comunidad Autónoma. 

Pero si algo tiene de bueno este acuerdo es que el Partido Popular se ha comprometido a “garantizar que ninguna Comunidad Autónoma queda excluida de participar en el reparto”. En realidad, Feijóo puso este párrafo para frenar las exigencias de Junts para Catalunya, pero lo bonito va a ser cómo van a aplicar la ley, cuando se tramite y se apruebe, presidentas y presidentes como Díaz Ayuso, Mazón, Azcon o López Miras.

Veremos cuál es el próximo capítulo, porque la inmigración ya está consolidada como herramienta electoralista.