El abogado y portavoz de la Plataforma Ciudadana Contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife Felipe Campos vaticinó en Radio San Borondón que el planeamiento “posiblemente no va a poder aprobarse en la Cotmac por cuestiones de legalidad”.
En ese sentido, explica que este lunes han descubierto más defectos graves en la tramitación del Plan en la Gerencia de Urbanismo. Campos ha decidido denunciar nuevamente por escrito este hecho. En ese sentido, advierte que si no son corregidos de inmediato procederá a denunciar ante el alcalde.
Esta medida, plantea, “conllevaría una nueva rectificación y una nueva ampliación del plazo de información pública puesto que entre otras cosas el documento no está foliado, ni rubricado, ni autenticado en su totalidad por el secretario del Ayuntamiento como marca la Ley”. Por ello, afirma, “a fecha de hoy el trámite sigue siendo nulo por defectos esenciales dirigidos a autenticar el documento”.
Felipe Campos explica que la Plataforma ha confeccionado una alegación contraria al PGO en donde se enumeran a modo de resumen las causas por las que el colectivo se opone al planeamiento urbanístico diseñado para la ciudad.
En ésta, de manera somera, “se detallan las ilegalidades manifiestas contenidas en el Plan y que constata finalmente la voluntad contraria a un documento cuya filosofía era el reparto de la ciudad entre cuatro grandes empresarios, dejando a más de 100.000 ciudadanos fuera de ordenación”.
Esta alegación general solicita que se rehaga nuevamente el PGO solucionando las ilegalidades y se reponga el expolio de patrimonio a tantos miles de ciudadanos.
El abogado advierte que “ya se han superado las 2.000 alegaciones al PGO de Santa Cruz y entiende que sería bueno que esta alegación confeccionada por la Plataforma se difundiera lo máximo posible para que todos los ciudadanos que sientan repugnancia por este documento desde el punto de vista de la filosofía que subyace en él la puedan suscribir y manifestar esa voluntad de rechazo al Plan”.
En este sentido, entiende que “si tantos miles de ciudadanos se oponen a un PGO, un político no está legitimado para aprobarlo, máxime cuando se ha descubierto lo arbitrario e ilegal que es el documento”.
Campos recuerda que “desde el primer momento la Plataforma ha denunciado irregularidades en el proceso de información pública, defectos reconocidos por Víctor Reyes a través de un fax remitido la semana pasada al colectivo”.