El expresidente de Canarias Fernando Clavijo prefiere estar aforado para hacer frente a las dos causas penales que tiene abiertas en otros tantos juzgados de la ciudad de La Laguna. La reactivación de uno de ellos, el caso Reparos, a finales de semana, ha provocado un brusco cambio de opinión en el núcleo duro de Coalición Canaria, que decidió poner a Clavijo al frente del grupo parlamentario regional para disipar dudas acerca de los rumores que lo colocaban en el Senado a partir del mismo momento en el que fracasaron las negociaciones para mantenerlo al frente del Ejecutivo regional.
La marcha de Clavijo de la política canaria, que han dado por segura este mismo sábado por los dos periódicos de Editorial Prensa Ibérica en Canarias (La Provincia y El Día), ha sido presentada por Coalición Canaria como una estrategia política consistente en enviar a Madrid a un peso pesado que “dar impulso al partido” y defender desde el Senado el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal canario (REF) y el nuevo Estatuto de Autonomía, la norma que precisamente suprimió los aforamientos para altos cargos de la administración autonómica desde que entró en vigor, en noviembre de 2018.
Clavijo está siendo investigado en dos causas penales en los juzgados de Instrucción 2 y 4 de La Laguna. En el primero, por el conocido como caso Grúas, una trama en la que la Fiscalía Anticorrupción aprecia la existencia de tres delitos: tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos presuntamente cometidos durante la etapa del expresidente como alcalde de la ciudad. En Instrucción 4 se encuentra el caso Reparos, más retrasado en su tramitación pero que la semana pasada experimentó una reactivación al decidir la jueza reclamar al Ayuntamiento de La Laguna todos los expedientes relacionados con la prolongación de servicios públicos una vez vencidos los contratos y las prórrogas de las empresas concesionarias, sin nuevos concursos y sin título jurídico que lo respaldara y siempre en contra del criterio del interventor. Pronto empezarán las citaciones al denunciante y a los denunciados, entre los que se encuentra Fernando Clavijo.
El denunciante de esta trama, el concejal de Avante La Laguna Santiago Pérez, cifra las cantidades presuntamente malversadas en torno a los 80 millones de euros, porque las prácticas instauradas por Clavijo durante su etapa en la alcaldía fueron continuadas por su sucesor, José Alberto Díaz, que abandonó la alcaldía tras las elecciones del 26 de mayo después de tres décadas de gobiernos locales de Coalición Canaria.
El expresidente canario intentó desde que estalló el primero de estos casos, el del servicio municipal de grúas de La Laguna, que la instrucción se residenciara en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para aprovechar el aforamiento del que gozaba en el momento en el que fue enviado allí por la jueza instructora. Pero la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía y el retraso por parte de la Fiscalía en emitir un informe preliminar de competencia, frustró esos intentos y acabó con Clavijo de nuevo en los juzgados ordinarios.
Clavijo no es el primer alto cargo de Coalición Canaria que opta por la huída para acogerse a un aforamiento. Ya lo hizo en su día el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, implicado en el caso de Las Teresitas, que fue designado senador por la Comunidad Autónoma, lo que trasladó la causa al Tribunal Supremo para que se instruyera allí durante unos años. Pero Zerolo acabó siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde resultó condenado a 7 años de prisión, pena que acaba de empezar a cumplir tras la ratificación de la sentencia por el Supremo.
No es la única coincidencia entre ambos encausados. Tanto el escándalo de Las Teresitas como los casos Grúas y Reparos tienen al mismo denunciante, al concejal Santiago Pérez, exsenador socialista, partido en el que militó más de 30 años.