La Fiscalía ha solicitado este viernes cinco años de cárcel para la alcaldesa de Telde (Gran Canaria), María del Carmen Castellano (PP), por malversación, fraude, falsedad y blanqueo en el caso Faycán y seis años para uno de sus antecesores, Francisco Agustín Valido (PP), por cohecho.
El Ministerio Fiscal pide que se abra juicio oral ante la Audiencia de Las Palmas contra las 29 personas para las que presenta cargos: políticos en ejercicio, exconcejales y técnicos municipales a los que acusa de haber participado “un sistema de obtención ilícita de fondos” prevaliéndose de sus cargos públicos, con la colaboración de varios empresarios que se pagaban sobornos.
La Fiscalía subraya que ese entramado tenía como finalidad aparente “financiar al Partido Popular de Telde”, si bien eso “solo era un pretexto” -matiza-, porque el objetivo real era obtener beneficios para el patrimonio personal de una serie de acusados que dirigían la concesión de contratos de obras y servicios en el Ayuntamiento durante el mandato del PP y Ciuca entre 2003 y 2007.
La acusación sitúa en el centro de esa trama a la concejal de Contratación, María Antonia Torres (PP), que se suicidó durante la instrucción; a su esposo, el interventor municipal, Enrique Orts; al entonces alcalde, Francisco Agustín Valido (PP); y a su concejal de Hacienda, Carmelo Julián Oliva Bethencourt.
Su sistema de conseguir fondos consistía en exigir comisiones ilícitas, que en algunos casos llegaban al 20%, a las empresas que pretendían conseguir algún contrato con el Consistorio o que simplemente pedían cobrar sus deudas atrasadas.
La Fiscalía relata, así, que empresas de todo tipo, desde una ferretería local que se convirtió en proveedora casi exclusiva del Consistorio, hasta una constructora de implantación nacional, como Dragados, pagaron comisiones en diferentes operaciones por más de medio millón de euros, casi siempre a la persona que ejercía como intermediario de la trama: Francisco Gordillo Suárez.
En su operativa, contaron con la complicidad de varios técnicos del Ayuntamiento, que se prestaron a amañar los concursos, a emitir informes falsos o dar licencias injustificadas, añade.
“El dinero obtenido de esas sociedades”, dice el fiscal, “pasó al patrimonio propio de la fallecida María Antonia Torres González y de los acusados Enrique Orts Herrera, Carmelo Oliva Bethencourt, Francisco Agustín Valido Sánchez, María del Carmen Castellano Rodríguez, Francisco Gordillo Suárez, y los técnicos también acusados Jorge Rodríguez Rodríguez y Esteban Cabrera Guerra”.
La actual alcaldesa de Telde, que aquellos momentos era concejal de Desarrollo Local y presidenta local del PP, se enfrenta a una doble acusación: la de haber blanqueado esos capitales obtenidos ilícitamente y la de haber falsificado una serie de facturas para que unas obras de reforma realizadas en la sede de su partido fueran pagadas por el Ayuntamiento, con cantidades “infladas”, simulando que eran gastos de las escuelas taller y de un programa de empleo.
La Fiscalía explica en su escrito que estos hechos se destaparon porque que una empresaria que se prestó a pagar un soborno de 6.000 euros para conseguir cobrar una deuda del Ayuntamiento de casi 100.000, la acusada Luz Navarro Montesteoca, de la cooperativa Servicios Comunitarios de Telde, acudió a Comisaría a denunciarlo.
La acusación pública subraya que también han confesado los hechos ante el juez el intermediario de la trama, Gordillo Suárez, y varios empresarios que han admitido haber pagado comisiones para tener contratos o cobrar deudas: Alejandro Navarrro, de la constructora Mazotti; Alejandro Nadal, de las constructoras Cobra y Moncobra; Aberlardo Martínez, de Dragados; y el ferretero Felipe Ojeda.
Entre los políticos, la Fiscalía pide seis años de cárcel y 22 de inhabilitación para Francisco Agustín Valido y Carmelo Julián Oliva por prevaricación y cohecho; cinco de cárcel y 14 de inhabilitación para María del Carmen Castellano por blanqueo, malversación, falsificación y fraude; cuatro de cárcel y tres de inhabilitación por falsedad para Candelaria Sánchez, edil de Aguas; y dos de cárcel por malversación para Guadalupe López, edil de Fiestas.
En cuanto a los empleados públicos, el interventor Enrique Orts se enfrenta a siete años de cárcel y 22 de inhabilitación por prevaricación y cohecho; el técnico Esteban Cabrera, a 13 de cárcel y 32 de inhabilitación por prevaricación, cohecho, delitos contra el mercado y falsedad; el también técnico municipal Jorge Rodríguez, a diez de cárcel y 24 de inhabilitación por los mismos cargos; y el funcionario del servicio de negociados Juan Felipe Martín, a seis de cárcel y 19 de inhabilitación por los mismos cargos que sus otros dos compañeros (salvo la falsedad).
También solicita cuatro años de cárcel para José Luis Mena, exjefe de los Servicios de Urbanismo de Telde recientemente destituído por el nuevo concejal del área, Pablo Rodríguez (CC). A Mena, imputado y acusado ya formalmente por la Fiscalía en otras tramas, como la de Grupo Europa, se le imputa en este caso general de Faycan falsedad en documento público, al conceder una cédula de habitabilidad para una vivienda adquiridad por Gordillo Suárez.
En cuanto a los empresarios, el fiscal propone penas de prisión que van desde los seis meses para Luz Navarro Montesdeoca, de la Servicios Comunitarios de Telde, a los siete años y nueve meses para Felipe Ojeda, de la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez SCP.
Además, exige que los acusados repongan al erario municipal, entre todos ellos, casi 1,30 millones de euros que supuesta habrían cobrado en sobornos o habrían blanqueado ilegalmente.