El Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha admitido este miércoles su “inquietud y preocupación” por la situación social y política que se vive en Cataluña porque “afecta a la convivencia de los españoles y la esencia de la democracia”.
En declaraciones a los periodistas tras entregar la memoria anual de la Fiscalía al Parlamento de Canarias, ha acusado a la Generalitat de “desobediencia clara y grave” a la norma constitucional y el orden jurisdiccional, ya que “han seguido en su camino” pese a las advertencias del poder judicial.
Además, ha mostrado su “felicitación y orgullo” por el “enorme esfuerzo y trabajo” de los fiscales en Cataluña, asumiendo el cumplimiento de las normas legales y “sin apoyo” de parte de los Mossos d'Esquadra, “que no están ejerciendo de forma adecuada su actividad”.
Garrido ha señalado que “jueces y fiscales cumplen la ley” interponiendo las querellas que han considerado oportunas y dictando normas cautelares de cumplimiento de determinadas acciones, resaltando que “había que impedir el referéndum” porque fue tachado de ilegal por el Tribunal Constitucional.
Sobre lo que puede ocurrir en los próximos días, ha comentado que hay procedimientos abiertos, si bien ha advertido de que “los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia”, en un momento en el que lo aconsejable es actuar con rapidez. “Las alternativas son inmensas”, ha destacado.
Garrido ha negado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hayan actuado contra la ciudadanía el pasado domingo, sino que se intentó evitar que “se produjera el referéndum” cumpliendo una orden del juzgado.
Cuestionado por la posible brutalidad policial, ha dicho que hay que “enfocar” el problema, que pasa por la “desobediencia” de la Generalitat, y en ese sentido, ha felicitado tanto a la Guardia Civil como a la Policía Nacional por el “cumplimiento de sus funciones”.
“Proporcionalidad” en el análisis de las cargas policiales
“A nadie le gusta, y a mí el primero, observar cargas policiales, otra cosa es la proporcionalidad. Hay que analizar las causas y el motivo, y se distorsiona la realidad si el insulto, las amenazas y las coacciones de una multitud están amparadas por la libertad de expresión, y la salvaguardia del estado de derecho pueda ser considerado como un exceso. El principio de proporcionalidad debe ser valorado y medido para que todos sepamos donde estamos”, ha indicado.
En todo caso, ha dicho que si hay actuaciones concretas que merezcan una acción judicial, “adelante, faltaría más”, en tanto que no ha querido profundizar en la actuación política. “Ni debo ni quiero opinar sobre la actuación política, confío en que las decisiones sean las propias en defensa de un Estado democrático”, ha indicado.