La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado la apertura de juicio oral por el caso de la urbanización La Bufona (Arrecife). El fiscal pide cuatro años de cárcel para los promotores y constructores de las viviendas, Antonio Caro y el arquitecto Federico Echevarría, por un delito continuado contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave contra la autoridad por seguir con las obras a pesar de que se dictó su paralización. También se les pide una multa de 36.000 y 22.000 euros, respectivamente, y la demolición de todas las casas de la urbanización.
En el escrito de acusación se pide el archivo para el otro promotor y ex encargado municipal del catastro de Arrecife, Francisco Carmona, ya fallecido. No se hace mención en ningún momento sobre si se archiva o no la causa contra la ex alcaldesa María Isabel Déniz y el ex secretario municipal, Felipe Fernández Camero, que han estado imputados durante gran parte de la instrucción y cuyo sobreseimiento provisional pedido por el Juzgado número 3 de Arrecife está recurrido ante la Audiencia provincial.
Recientemente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ha ordenado el derribo de parte de las obras de 14 chalés que se encuentran en suelo rústico. Entre los propietarios de las casas se encuentran la parlamentaria, vicepresidenta del Cabildo de Lanzarote y presidenta del Partido Popular insular, Astrid Pérez o el fiscal de Las Palmas Miguel Pallarés, ex fiscal coordinador de Lanzarote.
La Apmun considera que tras la compra de las viviendas por parte de los propietarios, no se apreciaban aún algunas de las obras denunciadas, “por lo que la obligación de restablecer es imputable tanto en concepto de propietarios como de promotores de las obras”. En el escrito de la Fiscalía tampoco se hace mención a la posible responsabilidad de los propietarios.
El fiscal señala que los dos acusados movidos por “propósitos especulativos” construyeron 53 viviendas donde sólo podían construir 30, y que lo hicieron conscientemente sin licencia municipal y sin calificación territorial, ocupando además una zona de suelo rústico de valor ecológico y superando la superficie del pan parcial y la de las casas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Apmun. Las primeras denuncias contra las obras son del año 1999.
En el escrito de acusación se hace referencia a los informes técnicos realizados por el Gobierno de Canarias en los que se detallan las irregularidades tanto de la Dirección General de Urbanismo como de la Apmun. La Fiscalía pide la declaración en la vista oral de 15 testigos, entre los que se encuentran Eduardo y Gonzalo Murillo, denunciantes y propietarios de una de las parcelas ocupadas, así como personal del Seprona, de la Dirección General del Catastro, el Servicio de Carreteras, la Consejería de Obras Públicas y la de Medio Ambiente del Gobierno canario y la Apmun. No se cita declarar a ningún técnico ni cargo público del Ayuntamiento de Arrecife.