Franco ha dejado de ser este viernes, después de 85 años, hijo adoptivo de Tenerife. El Cabildo insular ha adoptado este viernes un acuerdo institucional mediante el cual ha eliminado los honores y distinciones que recibió el dictador en la isla el 20 de agosto de 1936, poco más de un mes después de que comenzara la Guerra Civil española.
La moción ha sido propuesta por el PSOE y Sí Podemos Canarias y ha sido aprobada por los demás grupos de la corporación insular, gobernada por el partido socialista despees de que triunfara la moción de censura contra Carlos Alonso (Coalición Canaria) en verano de 2019. La moción fue presentada por el PSOE, Ciudadanos y Sí Podemos Canarias y arrebató el poder al partido nacionalista después de 20 años.
En la presentación de la moción contra los honores de Franco, el consejero socialista Javier Rodríguez Medina ha defendido que, de acuerdo con la ley, ''nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática“.
El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica obliga a las administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para retirar escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de exaltación a la Guerra Civil y a la represión de la Dictadura. Entre ellas, la retirada de subvenciones o ayudas públicas.
El monumento que sobrevive
Sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife aún pueden observarse restos de la dictadura. El más reconocido es el monumento que homenajea el viaje que Franco realizó en el Dragon Rapide para iniciar el golpe de Estado en julio de 1936. Un estudio elaborado en 2018 por la Universidad de La Laguna concluyó que este monumento incumple la Ley de Memoria Histórica.
El estudio, liderado por la catedrática de Historia Maisa Navarro, recoge en sus 6.000 páginas otros vestigios de la dictadura que aún existen en la capital de la isla. Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos en el Cabildo, aseveró cuando este informe salió a la luz que el monumento es ''una exaltación del dictador'' y ''no un símbolo abierto que pueda ser resignificado''.
A pesar de todo, este símbolo que fue costeado por los propios habitantes de la isla, sobrevive a la demolición. Tal y como publicó Canarias Ahora, el abogado experto en Memoria Histórica Eduardo Ranz pidió al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria, la retirada de esta escultura en 2017. La corporación municipal, liderada entonces por el actual alcalde, José Manuel Bermúdez, consiguió eludir responsabilidades al alegar que había encargado un informe que determinara si este monumento incumplía con la ley o, por el contrario, tenía valor artístico y cultural.