El Estado frena el desarrollo de la herramienta canaria que permite renovables sin evaluación ambiental

‘Frenazo’ a la implantación de las zonas de aceleración de renovables en Canarias, la herramienta estrella del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno regional, Mariano Zapata, del Partido Popular, para acelerar el despliegue de la energía limpia en el Archipiélago.
El acuerdo de la Comisión Bilateral entre el Estado y el Ejecutivo regional para salvar las discrepancias legales que objetó el primero en la nueva ley de cambio climático de las Islas, aprobada el verano pasado, se ha saldado con dos reformas de la norma que impactan de lleno en el desarrollo de las energías renovables en las Islas.
En su modificada ley de cambio climático, el Gobierno canario incorporó las zonas de aceleración de renovables, un instrumento con escaso recorrido hasta ahora en el país que permite a las administraciones designar espacios “especialmente adecuados” para la instalación de plantas renovables en función de la demanda prevista de energía, la disponibilidad de fuentes renovables o la sensibilidad medioambiental.
Pero en el acuerdo de la Bilateral, Canarias se compromete a “no desarrollar reglamentariamente” las previsiones relativas a la implantación de instalaciones en estas zonas hasta que el Estado transponga la directiva europea que regula la materia, la 2023/2413, algo que ya ha empezado a hacer, pero parcialmente.
Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, sin embargo, aseguran que “no se va a paralizar nada” y que seguirán trabajando con los cabildos para delimitar esas regiones que, resaltan, “garantizan una planificación conjunta y eficiente en un espacio en el que estén todos de acuerdo y con el mínimo impacto ambiental posible”.
Esas mismas fuentes fueron repreguntadas por el compromiso del Archipiélago de “no desarrollar reglamentariamente” esta cuestión, según el acuerdo de la Bilateral, pero insisten: “El trabajo de tramitación de las ZAR (zonas de aceleración de renovables) es complejo y por ello se trabaja en todo lo posible para avanzarlo”.
El Ejecutivo autonómico sacó a consulta pública la propuesta de decreto para la identificación de las ZAR el pasado mes de enero. Justifica su propuesta en que solo el 20% de la generación eléctrica de Canarias proviene de fuentes limpias, como el viento y el sol, y que su objetivo es alcanzar un 58% de penetración de renovables en 2030.
Las zonas ZAR, continúa el Gobierno, priorizarán áreas modificadas por actividades humanas y excluyen zonas protegidas, “garantizando la sostenibilidad ambiental y social”. También implementarán procedimientos simplificados “permitiendo la aceleración de la implantación de estos proyectos”.
Evaluación ambiental en el plan, pero no en el proyecto
La localización de zonas de aceleración de renovables se realiza mediante uno o varios planes que deberán someterse a una evaluación ambiental estratégica. Una vez hecho eso, los proyectos de energía limpia que se sitúen en ellas se beneficiarán de la presunción de que “no tienen efectos significativos sobre el medio ambiente”.
Eso significa que están exentos de la obligación de llevar a cabo una evaluación ambiental específica del proyecto, un procedimiento que suele tardar años y cuya tardanza ha impacientado en más de una vez al sector de las renovables. Aun así, las zonas ZAR sí establecen un proceso de control rápido para determinar si hay una probabilidad elevada de que la instalación provoque efectos adversos imprevistos. En ese caso, sí habría una evaluación ambiental concreta.
En Canarias, hasta que se transponga completamente la Directiva europea, se aplicará un procedimiento de no afección ambiental como medida transitoria. El promotor debe presentar una solicitud en la que incluya el esquema general de la planta eléctrica, el anteproyecto, un “documento ambiental” similar a una evaluación de impacto ambiental simplificada (nunca ordinaria, la más exhaustiva de todas) y un resumen ejecutivo.
Luego, el órgano ambiental formulará el “informe de determinación de afección ambiental” que resolverá si el proyecto puede sigue adelante o no.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha pedido a las administraciones que las zonas ZAR se planifiquen con “trabajos de campo específicos” para conocer “con más exactitud” el área de distribución de especies amenazadas. El CSIC se apoya en una estudio de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA) sobre un ave amenazada, la Ganga ortega, que demuestra que solo una pequeña parte (el 17,7%) del territorio andaluz ocupado por esta especie está incluido en algún espacio protegido.
El líder del equipo de investigación de la publicación, Francisco Valera, asegura que “la participación de expertos” en el procedimiento ambiental “reduce hasta un 94%” el impacto de la instalación de plantas fotovoltaicas en la Ganga ortega. La eliminación de este trámite con las ZAR “supone prescindir de una medida eficaz para evitar efectos adversos de la implantación de la energía solar sobre la biodiversidad”.
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