El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) que aprobó el Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) en abril de 2012, con 26 despidos, para equilibrar su situación presupuestaria, el segundo que acometía en esta legislatura.
El Supremo coincide con la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en que el Consistorio acreditó “su insuficiencia presupuestaria” durante los ejercicios de 2010 y 2011, es decir, más allá de los tres trimestre consecutivos que fija la ley para estos casos desde la última reforma laboral.
La sentencia coincide además con el TSJC en que la medida adoptada por el Ayuntamiento (reducir un 8,93% su plantilla, de 291 a 265 trabajadores) “puede considerarse razonable en cuanto a su proporcionalidad, a la vista de la situación económica” que padecía el Consistorio, que en aquellos momentos gastaba en nóminas el 80% de sus recursos ordinarios.
El TS ratifica asimismo que el alcalde, Teodoro Sosa (NC), tenía competencias para acordar el despido del personal laboral -algo que los sindicatos discutían-, “sin perjuicio de que posteriormente” debiera dar cuenta al pleno en la primera sesión que se celebrase.
“La decisión más difícil de tomar”
En un comunicado, Sosa subraya que esta sentencia “garantiza la estabilidad económica del Ayuntamiento y el sostenimiento de los servicios públicos que presta”.
El alcalde asegura que aprobar ese ERE fue “la decisión más difícil de tomar” para su equipo de gobierno (NC-PSOE), pero alega que ha permitido “salvar la administración y lo servicios públicos, que han podido continuar con normalidad”.
También ha servido, añade, para “garantizar las nóminas mes a mes y dar tranquilidad al resto de los que continúan prestando sus servicios en el Ayuntamiento”.