Las actuaciones comprometidas en materia de obras hidráulicas en Canarias están en fase de borrador y pendientes de que responda la Dirección General de Aguas del Ejecutivo canario, por lo que no se pueden comenzar los trámites, ha asegurado este viernes la Delegación del Gobierno de España en las islas.
La Delegación del Gobierno asegura que el Ejecutivo central garantiza la partida presupuestaria de 45 millones de euros para estructuras hidráulicas en el Archipiélago.
La Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica comunicó al director general de Aguas del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Felipe, la necesidad de certificar antes de fin de año los 45 millones de euros previstos para obras hidráulicas.
Pero, ha añadido la Delegación del Gobierno de España en Canarias, ha sido el Gobierno canario el que “ha advertido de que su capacidad de ejecución anual en ningún caso” superaría los 14 millones de euros.
En consecuencia, en la “imposibilidad” de aplicar 31 millones de euros en proyectos previstos y dotados en Canarias en 2018, “es preciso reprogramar la partida con el fin de atender otras necesidades”, se añade en el comunicado.
En todo caso, “será necesario dialogar con el Gobierno regional los términos de este protocolo con el fin de darle una salida consensuada cuanto antes y poder ejecutar las obras hidráulicas pendientes”.
La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, asegura “que es intención de este Gobierno buscar acuerdos con las administraciones autonómicas que posibiliten no sólo cumplir con la agenda canaria, sino abrir puentes durante muchos años bloqueados y de difícil tránsito para nuestros representes en las islas”.
Ha añadido Elena Máñez que “desde el diálogo y la cooperación institucional haremos de nexo entre el Gobierno canario y el estatal en este y cualquier asunto de interés para nuestro territorio”.
Para la delegada del Gobierno de España en Canarias es “importante conocer las propuestas que, en materia de obras hidráulicas quiere realizar el Gobierno de Canarias al Estado y que vengan fijadas con criterios, para cumplir la normativa de la Unión Europea, que tanta falta hace, sobre todo en materia de depuración y vertido al mar”.