El Gobierno de Canarias ha autorizado la suscripción de seis convenios con los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y discapacidad.
El total del convenio implica una inversión de 39.411.920 euros, según la información facilitada por el Gobierno tras la reunión del Consejo de Gobierno, según informó EFE.
En concreto se destinarán un total de 719.141 euros para la prestación de servicios en la isla de El Hierro; 1.182.539 euros para Fuerteventura, un total de 827. 871 euros para La Gomera; un montante de 28.652.557 euros para la isla de Gran Canaria; 4.018.885 euros para la isla de Lanzarote y 4.010.927 euros para La Palma.
El Gobierno recuerda que desde la entrada en vigor de la Ley de dependencia se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.
El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un catálogo de prestaciones de servicios y económicas y dispone de una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.
En Canarias, la distribución de competencias en materia de servicios sociales pone de manifiesto, según el Gobierno, la necesidad de avanzar en la cooperación y coordinación interadministrativa.
Añade que el compromiso del Gobierno con la generación de recursos para la atención a las personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, se concreta en la integración de los mismos en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias.
Aclara que este sistema deberá dar cabida también a las personas usuarias que no tengan reconocida la situación de dependencia o a aquellas que, teniéndola reconocida, no les corresponda la efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia.
El Gobierno recuerda que los convenios firmados en el año 2012,tanto en el área de mayores como en el área de discapacidad, finalizaron su vigencia por los que es preciso formalizar los nuevos acuerdos.