Intersindical Canaria (IC) acusa al Ejecutivo regional de “impedir” el acceso al empleo como funcionarios interinos en los juzgados y tribunales a 15.000 aspirantes.
Según exponen en un comunicado, en una Comunidad Autónoma como la canaria, que soporta un “índice elevadísimo de interinos”, que fluctúa entre un 40 y un 50 por ciento en lo que se refiere a la composición de las plantillas funcionariales que prestan sus servicios en la Administración de Justicia, se ha hecho necesario, a su juicio, abordar un marco normativo adecuado que “garantice el acceso al empleo público mediante el sistema objetivo del concurso de méritos a cuantos solicitantes pretendan formar parte de las diferentes listas de reserva de ámbito insular que al efecto se confeccionan”.
Desde IC recuerdan que en el año 2009, y fruto de la negociación entre la Administración y los agentes sociales, se convocó un proceso selectivo para la constitución de las referidas listas de reserva, a las que se presentaron unas 15.000 solicitudes en el ámbito de Canarias.
Aseguran que este proceso “lamentablemente nació de nalgas”, pues pese a existir una comisión de selección para la baremación de los méritos de los aspirantes, su labor se vio “entorpecida e incluso totalmente obstruida”, al adjudicarse a una empresa privada la grabación de las solicitudes que en muchas ocasiones “no siguió los dictados del Tribunal de Selección”.
Esta situación fue denunciada en su momento por Intersindical Canaria como “una prueba más de la absoluta improcedencia que a todos los niveles supone la interferencia privada en los asuntos públicos, que en este caso incluso se traducían en una vulneración manifiesta de las atribuciones legales de un órgano de selección”.
Tras “un camino tortuoso”, el sindicato afirma que consiguieron que los listados provisionales de los aspirantes como funcionarios interinos en la Administración de Justicia “vieran la luz” en el mes de febrero de 2010.
Tras pasar casi un año desde esta publicación, denuncian que los aspirantes aún siguen esperando para ver publicadas las listas definitivas, pese a que normativamente la Administración estaba obligada a publicarlas a los tres meses de haber publicado las listas provisionales.
Esta, a su juicio, “reprochable actuación” del Gobierno de Canarias no es sino “una muestra más de las verdaderas intenciones que exhiben ante los empleados públicos y la eficacia de los servicios que merece la ciudadanía, pese a que desde una actitud hipócrita no cesan de pedir paz social en todos los foros de negociación, cuando son precisamente ellos quienes, desde el ejercicio abusivo de sus potestades, no paran de dinamitarla”.
A su juicio, las consecuencias de la demora son “gravísimas”, no sólo porque “defraudan la posibilidad del acceso al empleo público de quienes están capacitados para ello, sino porque en islas como Lanzarote o Fuerteventura las listas de reserva prácticamente carecen de personas, lo que ha supuesto más retrasos de los ya existentes en la respuesta judicial”.