El proyecto de ampliación del puerto de Agaete, en el norte de Gran Canaria, se remonta al año 2003, época en la que fue redactado teniendo en cuenta un escenario económico y social muy distinto al de 2018, cuando se prevé que comiencen las obras. Justificar las razones socioeconómicas que motivan esta ampliación en la actualidad es uno de los condicionantes que impone la declaración de impacto ambiental del Gobierno de Canarias publicada en julio del año pasado y basada en el acuerdo de la Cotmac de junio de 2013. Sin embargo, antes de contar con este y otros datos actualizados de gran importancia, como un inventario del medio marino que previsiblemente pueda resultar afectado, un impacto de ruidos... el proyecto ya se ha adjudicado por valor de 44 millones de euros a la UTE formada por Sato Trabajos y Obras, y Hermanos García Álamo.
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo Regional, Pablo Rodríguez (CC), aseguró esta semana en el Parlamento de Canarias que no es la primera vez que hay que actualizar elementos importantes antes del inicio de una obra y que se está trabajando en ello. Sin embargo, expertos consultados consideran que “lo correcto” es actualizar el proyecto y ajustarlo a la realidad antes de adjudicarlo ya que se puede dar el caso de que ahora la obra no tenga sentido o haya que realizar cambios que exijan de una mayor partida, por ejemplo. La obra se adjudica en base a un proyecto y un presupuesto cerrado y es necesario prever todos los cambios.
Según la información que hasta ahora ha analizado el Ejecutivo, “no se espera un incremento significativo del número de embarcaciones entre Gran Canaria y Tenerife, ya que probablemente la instalación de Naviera Armas en el nuevo atraque llevará consigo una disminución de las rotaciones que ya realiza desde el puerto de Las Palmas y, al mismo tiempo, Fred Olsen efectuará menos rotaciones”.
El informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) recoge como previsión que ambas navieras adaptarán sus rotaciones a la demanda existente, que ha caído como consecuencia del actual ciclo económico, por lo que no se va a aumentar significativamente el tráfico en el corredor marítimo entre las dos islas capitalinas e insiste en que “las previsiones económicas eran unas en 2003, cuando se redactó el proyecto, y actualmente son otras”.
Por tanto, la justificación de la obra radica en que “solucionará el actual conflicto de usos existentes en la dársena del puerto, donde coexisten las navieras, las embarcaciones deportivas y pesqueras y los bañistas”. A juicio del urbanista Faustino García Márquez, la directriz europea que exige que se debe facilitar la libre competencia podría cumplirse con un sistema de rotación de ambas navieras, de manera que puedan turnarse los horarios de salidas de barcos. Se trata de una idea compartida por la plataforma Salvar Agaete Sin Macromuelle, de la que forman parte ecologistas como Eugenio Reyes, de Ben Magec.
Impactos en el medio y en una estación de bombeo
El informe de julio de 2017 también expresa la necesidad de contar con un inventario del medio marino previsiblemente afectado por las obras que permita conocer el estado actual y su evolución, ya que del último realizado en 2008 por el Ministerio de Medio Ambiente, no se puede “asegurar con certeza que esté actualmente vigente”. En las alegaciones al proyecto, durante el periodo de información pública, la propia Viceconsejería de Pesca advertía de la necesidad de aplicar medidas correctoras ante la presencia de algas marinas de gran importancia biológica o de recursos marisqueros que se podrían ver afectados. Además, la bióloga Sonia Martín Abreu subrayaba que no se puede descartar una afección negativa a las especies marinas y apuntaba que se deben tomar medidas para mitigar los efectos negativos que ocasione el incremento del tráfico marítimo sobre el delfín mular Tursips truncatus y otros cetáceos.
Para todo ello, entre los condicionantes que se deben cumplir antes del comienzo de las obras, se exige también un informe del impacto por ruidos, un plan de accesos y su correspondiente evaluación ambiental, donde se especifique cuál será la ruta de entrada y salida del transporte de material para la obra… Así mismo, se exige un estudio de alternativas de ubicación de la zona de instalaciones auxiliares y acopios, donde se evalúen otras posibles ubicaciones para que se aleje lo máximo posible de los núcleos poblados.
El proyecto de ampliación de este muelle no hace referencia a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) que puede verse afectada por las obras. Antes del comienzo de estos trabajos, deben coordinarse el Consejo Insular de Aguas y Puertos Canarios para buscar una solución a esta EBAR, que se encuentra en el punto de arranque del nuevo dique. El objetivo es evitar “interferencias entre la funcionalidad de dicha instalación y la ejecución de las obras”.
Así mismo, antes del inicio de estos trabajos deberá elaborarse un estudio de alternativas al sistema constructivo de la primera alineación del dique principal al que se ha propuesto para que se minimicen los impactos de la ocupación del lecho marino y los efectos asociados a la emisión del medio “los finos del todo uno que se pretenden utilizar (5-7% finos del total). Señala el informe que, en el caso de que no fuera viable otra alternativa, se deberán justificar las razones y asegurar que la liberación de finos es lo más baja posible.
La incertidumbre sobre las consecuencias que tendrá en el municipio la construcción de este muelle ha generado polémica en las últimas semanas. Miles de personas se echaron a la calle recientemente para protestar y, según datos facilitados por el propio Ayuntamiento, la mayoría de los vecinos está en contra. Un pueblo que además ha solicitado el derecho de poder decidir mediante una consulta popular, que se le ha denegado por parte del Gobierno estatal.
Eugenio Reyes, de Ben Magec- Ecologistas en Acción, recuerda además que centrar los viajes a Tenerife desde Agaete generará mayores emisiones de CO2 ya que se incrementarán los viajes en coche desde Las Palmas de Gran Canaria por la carretera del norte, así como el transportes de mercancías, con lo que saldrá caro para el medio ambiente y para los propios transportistas. Además, al igual que la plataforma que lucha contra esta ampliación, teme que a la larga se convierta en una obra infrautilizada, que además va a cambiar el estado de la zona del puerto y la playa tal y como se conoce ahora.
Desde la Consejería de Política Territorial aseguran que hasta que no se cuente con todos los informes requeridos y todos los datos actualizados no se dará luz verde al comienzo de las obras. Sin embargo, la adjudicación y el importe destinado ya está cerrado y la previsión del Gobierno es que, tras quince años de parálisis, se comiencen los trabajos antes de finales de este año.