El Gobierno de Canarias ha señalado la necesidad urgente de que el Ejecutivo central renegocie con las comunidades autónomas el procedimiento de renovación y concesión del nuevo Bono Social eléctrico. Y es que - como adelantó Canarias Ahora el domingo - la ayuda, que fija descuentos de entre el 25 y el 50% en la factura de la luz para los hogares vulnerables, ha tropezado con la burocracia y el colapso en los servicios sociales de los ayuntamientos.
La Administración regional recuerda en un comunicado que esta fue una petición que ya trasladaron las comunidades autónomas a la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat, en el pasado consejo territorial de Servicios Sociales, celebrado el 1 de marzo en Madrid.
Aunque el asunto no estaba en el orden del día, las comunidades solicitaron la intermediación de Montserrat para conseguir una reunión con el Ministerio de Industria, encargado de la aprobación del nuevo decreto regulador, ya que estimaron que las compañías eléctricas habían impuesto a las administraciones públicas el procedimiento de la gestión de las ayudas.
En dicho encuentro, los representantes regionales aseguraron que se trataba de una invasión de competencias que trasladaba la carga hacia los servicios sociales y, además, expresaron su preocupación por el tratamiento de los datos de los usuarios.
El Bono Social es un descuento en la factura de la luz que había estado regulado y financiado por las comunidades autónomas. Con la entrada en vigor, en octubre de 2017, del Real Decreto 897/2017 cambiaron los requisitos para tener derecho a la ayuda y se incorporó una nueva categoría en el colectivo de suministros de energía eléctrica que adquirió carácter de esencial.
El vicenconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, recuerda que “en Canarias, el convenio firmado con Endesa en el año 2015 estará vigente hasta el 2 de noviembre” por lo que hace un llamamiento a la tranquilidad de los posibles afectados mientras se negocia con el Gobierno central la simplificación de los trámites.
“Los problemas y retrasos que está generando su engorrosa tramitación” contínúa Candil, “han forzado al Ministerio de Energía, Turismo y Adenda Digital a anunciar que el plazo de presentación queda prorrogado durante seis meses más, hasta octubre, para que los consumidores acogidos al anterior esquema puedan solicitar su inclusión en el nuevo Bono Social”.
Diseño de un convenio
Aún así, el Gobierno de Canarias asegura trabajar en el diseño de un convenio que defina exactamente cómo establecer la aplicación de la nueva normativa que regula el denominado Bono Social.
El diseño de este acuerdo se realiza en el seno de una comisión con participación del comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, las Consejerías Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y de Economía; y de Industria, Comercio y Conocimiento; y la Federación de Municipios Canarios, y las compañías eléctricas, y tiene como objetivo establecer un protocolo de aplicación en Canarias de este bono social.
Este protocolo establecería de manera acordada la gestión de los listados de impagos de consumidores vulnerables severos, dando seguridad jurídica tanto en la cesión de datos como en la responsabilidad de las propias Comunidades Autónomas ante situaciones de cortes de suministro.