El Consejo de Gobierno aprobó hoy el acuerdo por el que se toma en consideración y se solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el anteproyecto de Ley “de ampliación temporal de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo”, más conocida como la Moratoria, “en lo que se refiere a los límites que establece al otorgamiento de las autorizaciones turísticas”.
Además, y como informó el portavoz del Gobierno, Martín Marrero, el Ejecutivo acordó solicitar “con carácter de urgencia el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias y con fijación de un plazo de cinco días”.
Cabe recordar que las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, aprobadas por Ley 19/2003, de 14 de abril establecieron límites al crecimiento de la oferta alojativa turística en el Archipiélago, en función de la capacidad de carga de la zona afectada.
Dicha ley autorizaba al Gobierno a que cada tres años aprobara un proyecto de ley mediante el cual se fijara el ritmo anual máximo de crecimiento de autorizaciones previas para nuevas plazas de alojamiento turístico en cada una de las islas en el trienio correspondiente.
Siendo así, mediante la ley 6/2009, de 6 de mayo, cuya ampliación temporal ahora se aprobará, se determinaron los límites supuestos en los que podrían otorgarse autorizaciones previas para los establecimientos turísticos para las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife y para los tres años siguientes a su entrada en vigor, el 13 de mayo de 2009.
El Gobierno de Canarias tramita en la actualidad la Ley que ha de regular esta materia en el próximo trienio. No obstante, y dado la proximidad del vencimiento del plazo de vigencia fijado para la citada Ley 6/2009 (establecida el próximo 13 de mayo), el Gobierno ha optado por ampliar hasta el 13 de diciembre el periodo de tres años establecido en dicha ley.
Entiende el Ejecutivo que las pautas para el próximo trienio han de establecerse con el sosiego que permita calibrar las actuales circunstancias económicas, notablemente distintas a las que imperaban en el momento de aprobación de la Ley.
Para el Gobierno, este cambio de modelo exige un análisis profundo y una amplia participación de los sectores afectados y de la ciudadanía en general, extremo éste que también defiende el Parlamento, tal y como quedó de manifiesto en la resolución aprobada en el reciente Debate sobre el estado de la Nacionalidad.