El Gobierno canario calcula en 3.981 millones la inversión necesaria en obras hidráulicas

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha calculado que son necesarias inversiones por 3.900 millones de euros para acometer las obras hidráulicas previstas en los planes hidrológicos insulares, de los que se han aprobado seis, a falta de culminar el de La Palma.

Miranda, en una comparecencia parlamentaria, ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para conseguir la financiación del Estado en las infraestructuras hidráulicas de interés general, a la que de momento se niega el Gobierno, aunque ha admitido que la administración autonómica y las locales también deben contribuir en su justa proporción.

El consejero ha afirmado que el Gobierno “ha incumplido” el protocolo firmado en 2018 para materializar a través de convenios con la Comunidad Autónoma inversiones en 186 actuaciones en infraestructuras hidráulicas (el 60% de ellas en saneamiento y depuración) hasta 2029 por 915 millones de euros.

La materialización de ese protocolo forma parte de los acuerdos que firmó CC con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, pero el Ejecutivo “no ha cumplido”, por lo que Miranda insistió en que todos los grupos parlamentarios apoyen al Gobierno regional en esta demanda.

Estas obras son urgentes ante la sequía, el retraso en la planificación (que atribuyó al anterior gobierno canario), las infraestructuras obsoletas, el aumento de la población y el elevado riesgo de ser sancionados por la UE, abundó.

La posición del Ministerio de Transición Ecológica cuando se le ha reclamado el cumplimiento del acuerdo “ha sido decepcionante”, porque alega que las dos partes tienen que aportar dinero según establece la Abogacía del Estado para poder firmar un convenio.

“El Estado debe hacer aportación” y Canarias tiene las competencias en planificación y programación de las obras hidráulicas, defendió Miranda.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre la continuidad en el próximo año de la partida presupuestaria de 20 millones de euros para obras hidráulicas, que de todos modos es “el chocolate del loro” frente a las necesidades de casi 4.000 millones.

Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en reclamar la financiación del Gobierno, si bien Nayra Alemán, del PSOE, replicó que no está claro lo que está sucediendo con el protocolo, pero sí está clara “la escasa planificación que existe” por parte de la Consejería.

El saneamiento, un problema de décadas

Pese a la insistencia en señalar al Gobierno canario anterior, el problema del saneamiento de aguas en Canarias es recurrente, casi endémico, desde hace muchas décadas.

Según datos del Ministerio de Política Territorial, el número de núcleos poblaciones sin servicio de saneamiento en las Islas es altísimo: un 71,36% no tienen, el porcentaje más elevado del país, por encima de Galicia (64,75%), Asturias (54,52%) y Andalucía (26,78%). La misma información estadística sugiere que hacen falta 733.345 metros de red de alcantarillado, es decir, más del doble que el servicio existente (599.492 metros, a fecha de 2021). Y también agrega que el 70,15% de las poblaciones de la Comunidad Autónoma no cuenta con una asistencia de depuración de aguas, de nuevo el valor más alto del Estado.

Para Juan Rumeu, presidente de la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (AECCM), la principal hipótesis que explica por qué las entidades locales presentan tantos vertidos sin autorización es la falta de alcantarillado en los municipios. “Hemos llegado a este punto por la inacción de los responsables. Los vertidos son continuos y seguirán siéndolo porque las aguas residuales de muchas localidades no son recogidas y van directamente al mar o al subsuelo”, subrayaba el pasado mes de julio a este periódico.

En Canarias, tan solo el 28% de los vertidos está autorizado. El año pasado la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) abrió 70 expedientes por vertidos al mar en las Islas. Es el curso con más infracciones de los últimos cinco, sumando prácticamente los mismos que en los cuatro anteriores (71). El elevado número de sanciones se debe a la incorporación del personal de Costas que el Archipiélago asumió tras el traspaso de competencias, pero también a la incapacidad de las administraciones públicas de atajar una crisis que va a más, advierten expertos, ocasionando el cierre de playas, provocando multas millonarias y convirtiéndose en un problema de salud pública.