LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, ha firmado la orden que regula la concesión de 500.000 euros a cada una de las dos capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, en concepto de compensación de los costes derivados de la capitalidad en el año 2009. El Ejecutivo canario abonará además, antes que finalice el año otros 500.000 euros a cada una por este mismo concepto, según informó la Administración autonómica en un comunicado.
De esta manera, la aportación, junto a la ya concedida por el Gobierno de Canarias en 2008, se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2007, de 13 de abril, del Estatuto de Capitalidad Compartida, que en su artículo 9, relativo al régimen de capitalidad, señala que la condición de capital compartida en Canarias tendrá un apartado específico en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
La consignación de crédito se hace con cargo a los dos millones de euros previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2009, tras el acuerdo alcanzado el pasado 20 de octubre entre Soria y los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Jerónimo Saavedra y Miguel Zerolo, respectivamente.
Tras esa reunión, el consejero explicó que las partidas por el coste de la capitalidad se incrementarán en un 250 por ciento el próximo año. Durante el próximo ejercicio 2010, se prevé que Las Palmas de Gran Canaria reciba 3.700.000 euros, mientras que a Santa Cruz de Tenerife se destinarán 3.200.000 euros.
En la reunión del pasado mes de octubre también se ratificó el acuerdo de que la diferencia entre las cantidades recibidas por los dos ayuntamientos no superará nunca el 7 por ciento. Por otro lado, se llegó al compromiso de actualizar el estudio sobre la capitalidad antes de septiembre de 2010, momento en el que se celebrará un nuevo Consejo de Capitalidad.
Finalmente, las cantidades que reciben cada una de las dos capitales se calculan en función de los efectos económicos y sociales derivados de la consideración de capitalidad y de acuerdo con criterios equitativos de financiación.