El Gobierno canario se escuda en “informes jurídicos” para no apoyar la iniciativa de los propietarios obligados a ceder su apartamento a un explotador

El Gobierno de Canarias se ha excusado este lunes en “informes jurídicos y presupuestarios” para no apoyar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por afectados por la Ley Turística de Canarias que obliga a ceder apartamentos de zonas turísticas a un explotador. La iniciativa, no obstante, recoge medidas que van más allá de esta cuestión y consiguió las firmas necesarias para que el Parlamento pueda tramitarla.

“Los informes jurídicos y presupuestarios de la iniciativa desaconsejan nuestra posición a favor de la misma eso es lo que se ha planteado”, dijo el consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez (CC), tras la reunión del Consejo de Gobierno este lunes, que llevaba entre sus puntos del día que el Ejecutivo tomara una posición respecto a esta iniciativa legislativa.

“Quiero aclarar que con respecto a las sanciones de las personas o ciudadanos que utilicen esos apartamentos esa residencialización , que el propio proyecto de la Ley de Vivienda Vacacional les da dos años precisamente para sin sanciones poder regular esa situación en el ámbito del planeamiento municipal”, aseguró Pablo Rodríguez, en referencia a las propietarios que tienen viviendas especialmente en el sur de Gran Canaria y han sido sancionados por no tenerlos en explotación turística, pese a que cuando los adquirieron nada de esto se les dijo al respecto.

“¿Qué soy yo para ti, tengo una casa o un apartamento turístico? se pregunta Maribe Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, que señala que en sus documentos pone que tiene una vivienda. ”Mi casa no tiene nada que ver con la actividad turística de vivienda vacacional“, insiste.

Doreste cree que los turoperadores deben estar aplaudiendo y se cuestiona si “políticas valientes” se le llama a una “expropiación encubierta” de la vivienda. Muchas de las personas afectadas compraron estos pisos en los años 60 o 70 cuando el sur de Gran Canaria ni siquiera tenía la actividad turística desarrollada. Este periódico ha documentado casos de propietarias que llevan toda la vida residiendo en esas casas y que sus padres eran de los primeros trabajadores del turismo.

La presidenta de la plataforma entiende que el uso residencial no estaba prohibido en estas viviendas cuando se compraron y que, de cambiarse ahora las reglas del juego se estaría ante una “estafa” como lo fueron en su día “las preferentes” que no se sabía qué se estaba comprando.

“Nuestro diálogo es permanente con todos los afectados para buscar fórmulas que ante un hecho que es real que es que hay muchos ciudadanos que desde hace muchos años residen en esos apartamentos pues ya la ley del suelo año 2017 les dio la posibilidad de manera transitoria de mantener esa circunstancias”, insistió Pablo Rodríguez este lunes.

Doreste responde que no hay diálogo con los afectados, que no conocen qué dicen exactamente esos informes a los que alude el Gobierno para no apoyar la Iniciativa Legislativa Popular.

Sobre la Ley del Suelo, cabe recordar que sí que estableció un plazo para que los propietarios regularan su situación pero no recoge que los herederos, por ejemplo, de esos apartamentos puedan vivir en ellos.

“Quien lo tiene que resolver es el planeamiento municipal estableciendo áreas mixtas en cada circunstancia, eso lo van a determinar los ayuntamientos. Mientras tanto, se prevé que no haya más sanciones mientras se resuelva”, incidió el consejero.

“Lo que vienen a establecer los informes de presupuesto de Hacienda como los de régimen jurídico es que apoyar esa iniciativa popular supone un cambio en el ordenamiento jurídico prácticamente de todo el ordenamiento jurídico”, remarcó el portvoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.