El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este jueves que el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, es “extremadamente exigente” con la deuda de carreteras del Estado frente a la anterior “confrontación” que “ha desaparecido”.
El portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado que el Ejecutivo canario reclama 500 millones, reconocidos en sentencia y sobre los cuales la discusión se concentra en su calificación jurídico-económica.
Estos 500 millones tienen consideración de superávit, por lo que solo pueden aplicarse para los fines que recoge la Ley de Estabilidad Financiera, es decir, a pagar deuda, ha detallado Pérez, quien ha recordado que el Gobierno central, al estar en funciones, tiene sus competencias limitadas, por lo que es preciso buscar fórmulas que permitan transferir el dinero a Canarias.
“Si es superávit no es culpa nuestra, es porque llegó tarde para poder gastarlo”, ha manifestado el portavoz, quien ha comentado que la solución para “suavizar o mitigar” los efectos del superávit en esta partida presupuestaria es que el Estado los transfiera a Canarias mediante convenios, propuesta que ha dicho que va a estudiar el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, se ha referido a otros 101 millones pendientes sobre los que tampoco hay discusión con el Gobierno central y solo es preciso acreditar que las obras están hechas.
Por último, ha agregado, hay casi 400 millones pendientes de transferir a Canarias que se trata de cantidades adicionales e intereses objeto de un proceso judicial de ejecución de sentencia.
En este caso, el Gobierno canario propone que “si el camino judicial no conduce a una solución satisfactoria” para las islas, se incluyan estos casi 400 millones en los convenios de carreteras en vigor para así “resolverlo de un modo u otro”.
“Hemos logrado abrir un camino de entendimiento”, ha manifestado el portavoz gubernamental, quien ha criticado que hasta el momento el conflicto judicial era “la única vía que podía llevarnos a algún sitio”.
Según Pérez, la negociación con el Estado no es sobre la cantidad de las partidas a transferir sino sobre las fórmulas de pago y plazos.
“Una cosa es la exigencia y otra la voluntad de confrontación”, ha manifestado Pérez, quien ha dicho que “frente a un interlocutor que lo que quiere discutir”, este Gobierno es radical en su demanda al Estado pero su actitud no es “estridente ni impeditiva de un acuerdo”
En su opinión, “ha desaparecido la voluntad de confrontación” gracias a la posición constructiva del actual Gobierno de Canarias, que es “más efectiva” que “el puro lamento y la pura queja”, aunque puedan estar justificadas.
Aunque “cada uno gestiona las cosas como quiere”, ha criticado que pareciera que al gobierno anterior le gustaba mantener vivo el problema de carreteras porque le permitía decir “¡qué malo es el gobierno del Estado que no nos paga y no nos atiende!”.
Ha advertido de que “pudiera ser que alguien se desenvuelva mejor en el mundo de la confrontación que otras personas” y ha agregado que hay posiciones políticas que “se nutren de la existencia de un conflicto” con Madrid.