El Gobierno de Canarias ha admitido en el Parlamento de Canarias que está fracasando en la aplicación de las políticas sociales y ha asumido que debe cambiar de rumbo.
Este mea culpa no ha sido entonado de viva voz ni por el presidente, Paulino Rivero, ni por la consejera Inés Rojas, pero sí cuando los diputados del Pacto (CC y PSC) se unieron a los de la oposición para apoyar una moción del Partido Popular que busca “afrontar las necesidades reales de una comunidad autónoma que registra un preocupante incremento de los índices de pobreza y exclusión social”.
La otra cara de la moneda, sin embargo, es que ni nacionalistas ni socialistas han conseguido que los conservadores respalden la necesidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy acabe con su “brutales recortes en los fondos destinados a políticas sociales”.
La diputada del PP Milagros Bethencourt ha sido la que ha conseguido el triunfo de que el Parlamento inste al Ejecutivo regional, entre otras cuestiones, a asumir que debe poner en funcionamiento “un Fondo de Emergencia Social que permita articular una respuesta coordinada a las necesidades de los colectivos más vulnerables de la sociedad canaria”, “incrementar los fondos destinados a la Prestación Canaria de Inserción” y que intensifique su “colaboración con los bancos de alimentos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con Cáritas y con otras ONGs.
Además, y teniendo en cuenta que “Canarias ocupa el último lugar en todos los índices de cumplimiento de la Ley de Dependencia”, el Ejecutivo se compromete a “agilizar la tramitación de las solicitudes de prestaciones que se encuentren pendientes de resolución”, se elabore el Programa Individual de Atención que corresponda y la prestación o servicio dentro del plazo legalmente establecido y adecue el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (SICAD) al Sistema Nacional de Dependencia, “con arreglo a los plazos establecidos al efecto”.
Carga demagógica
Poner en funcionamiento una Bolsa de Viviendas Sociales que permita prestar atención específica a las familias de las islas con menos recursos “y a aquellas que se vean afectadas por el drama de los desahucios” o articular un fondo para iniciar el pago de las ayudas económicas aparejadas a la Hipoteca Joven Canaria, de acuerdo con las peticiones formuladas por los afectados, son otras de las propuestas apoyadas por nacionalistas y socialistas a instancias del PP.
Durante el debate previo a la votación, todo hacía prever que el Pacto, que había presentado una decena de enmiendas para implicar al Estado en el incremento de fondos necesario para luchar contra la pobreza y la exclusión social, iba a oponerse a la propuesta de los conservadores, que había sido calificada por las diputadas Rosa Pulido y Rosa Guadalupe Jerez como “absolutamente demagógica”.
“No es serio que el Gobierno del PP disminuya las partidas en políticas sociales y sus parlamentarios vengan aquí a exigir que las incrementemos”,afirmó Pulido, que fue apostillada por la socialista Jerez cuando dijo a los conservadores que “están privando a los canarios de los derechos de la Ley de Dependencia, no creían en la Ley y se la han cargado”.
La representante de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Carmen Hernández, también acusó a los conservadores de defender las políticas de austeridad que están incrementado los niveles de pobreza en la sociedad, pero apoyó la propuesta “incongruente” del PP por éste admitió varias de sus enmiendas para promover acciones específicas contra la pobreza infantil.
“Lo que impide el estallido social son la red familiar y la economía sumergida. La sociedad civil está dando un ejemplo de solidaridad para ayudar a los que peor lo pasan”, concluyó Hernández.